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 Antes
de
plantear
soluciones
a
la
gestión
del
agua,
Pedro
Arrojo
Agudo
es
partidario
de
diferenciar
entre
sus
distintos
usos.
Y
es
que,
para
este
profesor
de
análisis
económico
de
la
Universidad
de
Zaragoza
(España),
no
puede
ser
tratado
del
mismo
modo
el
agua
como
elemento
de
supervivencia
-que
debe
ser
un
derecho
humano
básico-
que
el
agua
como
fuente
de
negocio,
un
derecho
económico
legítimo,
pero
que
responde
a
un
interés
particular
de
lucro.
“No
debemos
caer
en
la
trampa
de
muchos
gobiernos
–advierte-
que
pretenden
presentar
como
de
interés
general,
y
que
lo
paguemos
todos,
el
agua
de
los
campos
de
Golf,
el
de
la
especulación
urbanística
o
el
de
las
empresas
eléctricas”.
Desde
la
Fundación
Nueva
Cultura
del
Agua,
Pedro
Arrojo
viene
defendiendo
una
política
sostenible
(racional,
eficaz
y
moderna)
en
materia
de
aguas,
frente
a
las
“soluciones
anticuadas
basadas
en
el
viejo
hormigón
subvencionado”.
Su
labor
al
frente
de
esta
organización
le
valió
el
Premio
Goldman
2003
en
la
categoría
Europa,
el
más
prestigioso
galardón
internacional
de
Medio
Ambiente.
¿En
qué
consiste
esa
nueva
cultura
del
agua?
Es
la
nueva
cultura
del
desarrollo
sostenible
en
materia
de
aguas.
Al
igual
que
todos
entendemos
que
un
bosque
no
es
un
simple
almacén
de
madera,
nuestra
propuesta
es
que
miremos
hacia
nuestros
ríos,
acuíferos,
humedales
y
lagos
como
mucho
más
que
simples
canales
o
almacenes
de
H20.
Se
trata
de
entender
los
valores
sociales,
culturales,
ambientales,
al
margen
y
además
de
los
valores
productivos
a
corto
plazo.
Integrar
ese
conjunto
complejo
de
valores
es
enfocar
el
tratamiento
de
esos
ecosistemas
desde
la
nueva
cultura
del
agua.
¿Cómo
se
materializa
esa
“nueva
cultura”
en
la
gestión
de
los
recursos
hídricos?
Discutir
de
la
gestión
de
aguas
en
general
puede
oscurecer
el
debate
si
no
somos
capaces
de
distinguir,
como
mínimo,
en
varios
grandes
bloques
las
funciones
del
agua.
El
primero
de
ellos
lo
constituirían
las
funciones
vida.
El
agua
potable
como
alimento
y
como
salud
debe
de
ser
un
derecho
accesible
a
todos
los
seres
humanos.
Al
igual
que
a
mí
no
se
me
puede
pedir
que
respire
eficientemente,
o
que
compre
el
aire
que
voy
a
respirar,
no
se
me
puede
pedir
un
uso
eficiente
del
“agua
vida”.
Ésta
representa
la
fuente
básica
de
vida
de
los
seres
humanos,
pero
también
de
los
ecosistemas
hídricos.
Y
ése
vuelve
a
ser
otro
derecho
humano
de
las
colectividades
que
viven
siempre
relacionadas
con
los
ecosistemas.
En
una
ciudad
del
primer
mundo
se
puede
tener
un
río
envenado
al
lado
y
que
no
pase
nada.
En
la
mayor
parte
del
planeta
tener
un
río
envenado
es
tener
una
sociedad
bajo
peligro
de
contaminación
y
supone
un
atentando
contra
su
propia
supervivencia.
Así
pues,
tanto
el
“agua
vida”
como
alimento
(los
50
litros
por
habitante
y
día
como
un
derecho
accesible
a
todos
los
seres
humanos)
y
el
derecho
de
las
comunidades
a
tener
ríos
sanos,
acuíferos
sanos,
en
definitiva,
el
derecho
a
la
sostenibilidad
de
sus
ecosistemas,
debe
quedar
como
una
cuestión
básica
y
esencial
en
la
gestión
de
los
recursos.
Otra
cosa
es
el
agua
como
servicio…
Tener
agua
en
nuestras
casas
24
horas
al
día
no
es
un
derecho
humano,
pero
sí
es
un
derecho
social.
Es
un
derecho
fruto
del
trabajo
de
muchas
generaciones
para
que,
seamos
ricos
o
pobres,
dispongamos
de
ese
derecho
social:
acceso
al
servicio
del
agua.
Y
determinadas
actividades
económicas
merecen
ser
llamadas
de
interés
general,
pero
sólo
algunas.
La
agricultura
no
es
de
interés
general
porque,
en
muchos
casos,
ya
está
suficientemente
compensada
por
el
mercado.
Ahora,
la
explotación
familiar
básica,
las
actividades
agrarias
básicas
de
las
comunidades,
etc,
basadas
en
el
uso
del
agua,
deben
ser
consideradas
como
de
interés
general
y
por
tanto
protegidas
también
por
la
comunidad.
Pero
el
agua
también
puede
ser
fuente
de
negocio.
Es
lo
que
denomino
‘agua
business’,
el
agua
como
negocio
legítimo.
Se
puede
usar
un
río
para
hacer
pasta
de
papel
o
para
hacer
una
explotación
agraria
de
maíz
o
para
obtener
electricidad
y
venderla,
pero
eso
no
son
ni
derechos
humanos
ni
sociales,
son
económicos,
de
interés
individual,
no
de
interés
general.
Eso
que
supone
más
del
50%
del
agua
que
extraemos
de
nuestro
acuíferos
y
de
nuestros
ríos
debe
ser
tratado
bajo
una
lógica
de
responsabilidad
económica.
Ahí
es
donde
no
se
puede
decir
que
el
agua
es
un
derecho
humano.
De
otro
modo
caeríamos
en
la
trampa
de
muchos
gobiernos
que
pretender
presentar
como
de
interés
general,
y
que
lo
paguemos
todos,
el
agua
de
los
campos
de
Golf,
el
de
la
especulación
urbanística
o
el
de
las
eléctricas.
Para
usos
económicos
de
interés
particular
se
tiene
que
cubrir
el
criterio
de
recuperación
íntegra
de
costes.
De
manera
que
cuando
alguien
pida
más
agua
para
ser
más
rico
sepa
que,
como
mínimo,
le
va
a
costar
lo
mismo
que
nos
cuesta
a
todos.
El
estado
no
tiene
que
pagar
con
dinero
público
lo
que
son
intereses
individuales
o
de
sectores
relativamente
poderosos.
Por
otro
lado,
estarían
los
negocios
ilegítimos,
los
que
contaminan
acuíferos,
sobreexplotan
ríos,
frente
a
los
que
tienen
que
actuar
la
policía
y
los
tribunales.
¿Y
cómo
se
articula
todo
esto
de
cara
a
la
universalización
del
acceso
al
agua?
No
sería
muy
difícil
distinguir
el
bloque
“agua
vida”
como
tal.
Incluso
las
empresas
más
potentes
y
depredadoras
llegarían
a
aceptar
que
hay
un
bloque
del
agua
(el
“agua
vida”)
que
es
intocable.
No
se
le
puede
pedir
a
la
gente
comercializar
el
aire
que
respira
ni
el
agua
que
bebe.
Hay
espacio
para
el
negocio
o
para
la
producción
económica
pero
respetando
que
la
prioridad
es
la
prioridad.
La
paradoja
es
que
en
el
“agua
business”
los
grandes
intereses
son
los
menos
interesados
en
hablar
de
mercado.
Lo
que
quieren
es
subvención
pública.
Los
que
hablan
de
racionalidad
de
mercado
cuando
llegamos
a
las
grandes
presas,
los
grandes
trasvases,
en
Turquía,
España
o
Brasil,
ya
no
hablan
de
interés
individual,
no
hablan
de
mercados,
sino
de
interés
general.
Cambian
de
discurso
y
dicen
que
en
nombre
de
éste
tiene
que
ser
el
Banco
Mundial
el
que
pague
o
adelante
el
dinero,
que
la
financiación
provenga
del
dinero
público.
Ese
es
el
doble
lenguaje
perverso
de
los
grandes
poderes
en
el
mundo.
¿Que
papel
le
corresponde
a
la
ciudadanía
en
todo
este
asunto?
Muy
importante.
El
cambio
hacia
una
nueva
cultura
del
agua
no
puede
ser
la
inspiración
de
cuatro
profesores
o
de
un
movimiento
más
o
menos
radical,
debe
ser
una
cuestión
en
que
los
ciudadanos
con
sus
diversos
intereses
y
enfoques
participen
activamente
en
generar
la
política
de
aguas,
porque
el
medio
ambiente
es
de
todos.
Porque
la
participación
ciudadana,
más
allá
de
la
acción
cotidiana
de
los
parlamentos,
ha
de
ser
cotidiana
y
proactiva.
Es
esencial.
Si
no
hay
participación
ciudadana,
clara
y
rotunda,
no
habrá
nueva
cultura
de
agua.
Ésta
no
se
define
en
un
gabinete,
como
todas
las
culturas
se
cuecen
en
la
sociedad
y
se
cuecen
a
fuego
lento.
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