Entrevista a Pedro Arrojo Agudo, Premio Goldman de Medio Ambiente 2003 y presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua

Pedro Arrojo:“El agua potable debe ser un derecho accesible a todos los seres humanos”

Madrid, marzo de 2004 Por Íñigo Herraiz (AIS)

Antes de plantear soluciones a la gestión del agua, Pedro Arrojo Agudo es partidario de diferenciar entre sus distintos usos. Y es que, para este profesor de análisis económico de la Universidad de Zaragoza (España), no puede ser tratado del mismo modo el agua como elemento de supervivencia -que debe ser un derecho humano básico- que el agua como fuente de negocio, un derecho económico legítimo, pero que responde a un interés particular de lucro. “No debemos caer en la trampa de muchos gobiernos –advierte- que pretenden presentar como de interés general, y que lo paguemos todos, el agua de los campos de Golf, el de la especulación urbanística o el de las empresas eléctricas”.

Desde la Fundación Nueva Cultura del Agua, Pedro Arrojo viene defendiendo una política sostenible (racional, eficaz y moderna) en materia de aguas, frente a las “soluciones anticuadas basadas en el viejo hormigón subvencionado”. Su labor al frente de esta organización le valió el Premio Goldman 2003 en la categoría Europa, el más prestigioso galardón internacional de Medio Ambiente.

¿En qué consiste esa nueva cultura del agua?

Es la nueva cultura del desarrollo sostenible en materia de aguas. Al igual que todos entendemos que un bosque no es un simple almacén de madera, nuestra propuesta es que miremos hacia nuestros ríos, acuíferos, humedales y lagos como mucho más que simples canales o almacenes de H20. Se trata de entender los valores sociales, culturales, ambientales, al margen y además de los valores productivos a corto plazo. Integrar ese conjunto complejo de valores es enfocar el tratamiento de esos ecosistemas desde la nueva cultura del agua.

¿Cómo se materializa esa “nueva cultura” en la gestión de los recursos hídricos?

Discutir de la gestión de aguas en general puede oscurecer el debate si no somos capaces de distinguir, como mínimo, en varios grandes bloques las funciones del agua. El primero de ellos lo constituirían las funciones vida. El agua potable como alimento y como salud debe de ser un derecho accesible a todos los seres humanos. Al igual que a mí no se me puede pedir que respire eficientemente, o que compre el aire que voy a respirar, no se me puede pedir un uso eficiente del “agua vida”. Ésta representa la fuente básica de vida de los seres humanos, pero también de los ecosistemas hídricos. Y ése vuelve a ser otro derecho humano de las colectividades que viven siempre relacionadas con los ecosistemas. En una ciudad del primer mundo se puede tener un río envenado al lado y que no pase nada. En la mayor parte del planeta tener un río envenado es tener una sociedad bajo peligro de contaminación y supone un atentando contra su propia supervivencia.

Así pues, tanto el “agua vida” como alimento (los 50 litros por habitante y día como un derecho accesible a todos los seres humanos) y el derecho de las comunidades a tener ríos sanos, acuíferos sanos, en definitiva, el derecho a la sostenibilidad de sus ecosistemas, debe quedar como una cuestión básica y esencial en la gestión de los recursos.

Otra cosa es el agua como servicio…

Tener agua en nuestras casas 24 horas al día no es un derecho humano, pero sí es un derecho social. Es un derecho fruto del trabajo de muchas generaciones para que, seamos ricos o pobres, dispongamos de ese derecho social: acceso al servicio del agua. Y determinadas actividades económicas merecen ser llamadas de interés general, pero sólo algunas. La agricultura no es de interés general porque, en muchos casos, ya está suficientemente compensada por el mercado. Ahora, la explotación familiar básica, las actividades agrarias básicas de las comunidades, etc, basadas en el uso del agua, deben ser consideradas como de interés general y por tanto protegidas también por la comunidad.

Pero el agua también puede ser fuente de negocio.

Es lo que denomino ‘agua business’, el agua como negocio legítimo. Se puede usar un río para hacer pasta de papel o para hacer una explotación agraria de maíz o para obtener electricidad y venderla, pero eso no son ni derechos humanos ni sociales, son económicos, de interés individual, no de interés general. Eso que supone más del 50% del agua que extraemos de nuestro acuíferos y de nuestros ríos debe ser tratado bajo una lógica de responsabilidad económica. Ahí es donde no se puede decir que el agua es un derecho humano. De otro modo caeríamos en la trampa de muchos gobiernos que pretender presentar como de interés general, y que lo paguemos todos, el agua de los campos de Golf, el de la especulación urbanística o el de las eléctricas.

Para usos económicos de interés particular se tiene que cubrir el criterio de recuperación íntegra de costes. De manera que cuando alguien pida más agua para ser más rico sepa que, como mínimo, le va a costar lo mismo que nos cuesta a todos. El estado no tiene que pagar con dinero público lo que son intereses individuales o de sectores relativamente poderosos. Por otro lado, estarían los negocios ilegítimos, los que contaminan acuíferos, sobreexplotan ríos, frente a los que tienen que actuar la policía y los tribunales.

¿Y cómo se articula todo esto de cara a la universalización del acceso al agua?

No sería muy difícil distinguir el bloque “agua vida” como tal. Incluso las empresas más potentes y depredadoras llegarían a aceptar que hay un bloque del agua (el “agua vida”) que es intocable. No se le puede pedir a la gente comercializar el aire que respira ni el agua que bebe. Hay espacio para el negocio o para la producción económica pero respetando que la prioridad es la prioridad. La paradoja es que en el “agua business” los grandes intereses son los menos interesados en hablar de mercado. Lo que quieren es subvención pública. Los que hablan de racionalidad de mercado cuando llegamos a las grandes presas, los grandes trasvases, en Turquía, España o Brasil, ya no hablan de interés individual, no hablan de mercados, sino de interés general. Cambian de discurso y dicen que en nombre de éste tiene que ser el Banco Mundial el que pague o adelante el dinero, que la financiación provenga del dinero público. Ese es el doble lenguaje perverso de los grandes poderes en el mundo.

¿Que papel le corresponde a la ciudadanía en todo este asunto?

Muy importante. El cambio hacia una nueva cultura del agua no puede ser la inspiración de cuatro profesores o de un movimiento más o menos radical, debe ser una cuestión en que los ciudadanos con sus diversos intereses y enfoques participen activamente en generar la política de aguas, porque el medio ambiente es de todos. Porque la participación ciudadana, más allá de la acción cotidiana de los parlamentos, ha de ser cotidiana y proactiva. Es esencial. Si no hay participación ciudadana, clara y rotunda, no habrá nueva cultura de agua. Ésta no se define en un gabinete, como todas las culturas se cuecen en la sociedad y se cuecen a fuego lento.

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