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Apenas
supone
una
mínima
parte
del
comercio
maderero
mundial,
pero
la
madera
certificada
se
ha
convertido
en
una
pequeña
esperanza
para
nuestros
bosques.
La
certificación
consiste
en
un
sello
que
acredita
que
productos
de
origen
forestal
(madera,
papel,
tableros,
carbón...)
han
sido
extraídos
de
bosques
bien
gestionados
desde
un
punto
de
vista
no
sólo
económico,
sino
también
social
y
ambiental.
Es
decir,
garantiza
que
su
compra
no
contribuye
a
aumentar
los
graves
problemas
a
los
que
se
enfrentan
los
bosques
del
Planeta
y
sus
habitantes:
deforestación,
explotación
abusiva,
tala
ilegal,
pérdida
de
biodiversidad,
etc.
Algo
fundamental
si
tenemos
en
cuenta
que
cerca
del
28%
de
la
superficie
terrestre
está
cubierta
de
bosques
y
las
dos
terceras
partes
de
estas
masas
forestales
están
sometidas
al
aprovechamiento
comercial
de
su
madera.
De
hecho,
cada
minuto
se
pierden
unas
26
hectáreas
de
bosque
en
cualquier
parte
del
mundo,
casi
14
millones
de
hectáreas
al
año.
La
idea
de
la
madera
certificada
surgió
de
un
cambio
de
estrategia
por
parte
del
movimiento
ecologista.
En
la
década
de
los
ochenta,
las
organizaciones
ambientales
habían
decidido
boicotear
de
forma
sistemática
la
madera
tropical
en
respuesta
al
fracaso
que
supuso
la
liberalización
del
comercio
maderero
internacional.
Aunque
el
boicot
atrajo
la
atención
sobre
el
problema
de
la
destrucción
de
los
bosques,
no
se
podía
considerar
como
una
solución
a
largo
plazo
y,
además,
podía
tener
efectos
no
deseados,
como
la
conversión
de
bosques
en
tierras
de
cultivo
o
un
incremento
del
uso
de
productos
-el
PVC
o
el
aluminio,
por
ejemplo-
menos
ecológicos
que
la
madera.
A
su
vez,
al
centrarse
en
los
bosques
tropicales,
el
boicot
descuidaba
la
pérdida
de
biodiversidad
en
los
bosques
europeos
y
norteamericanos.
Fue
así
cómo,
a
principios
de
los
noventa,
se
creó
el
concepto
de
certificación
forestal
y
etiquetado
de
la
madera.
En
la
actualidad
existen
diversos
sistemas
de
certificación:
nacionales,
como
el
Canadian
Standard
Association
(CSA),
la
Sustainable
Forestry
Initiative
(SFI)
o
el
American
Tree
Farm
System;
regionales,
como
el
Pan
European
Forest
Certificate
(PEFC);
etc.
Sin
embargo,
el
Forest
Stewardship
Council
(FSC)
es
el
único
sistema
que
cuenta
con
el
apoyo
de
las
principales
ONG
ecologistas
o
de
conservación
-el
Fondo
Mundial
para
la
Naturaleza
(WWF,
en
sus
siglas
en
inglés),
Greenpeace
o
Amigos
de
la
Tierra-
porque
es
el
único
aplicable
mundialmente,
con
criterios
de
certificación
exigentes
y
formado
por
representantes
de
países
del
Norte
y
del
Sur
que
se
reparten
el
poder
de
decisión
de
forma
equilibrada.
Desde
su
fundación,
el
FSC
ha
experimentado
un
crecimiento
notable.
En
1995,
apenas
alcanzaba
los
4
millones
de
hectáreas
certificadas
de
bosques
y
plantaciones;
y
contaba
con
97
miembros
de
25
estados.
En
la
actualidad
ha
certificado
más
de
40
millones
de
hectáreas
y
tiene
unos
600
miembros
en
71
países
diferentes.
El
63%
del
área
certificada
por
FSC
se
encuentra
en
Europa
(un
40%
sólo
entre
Suecia
y
Polonia)
y
entre
Canadá
y
Estados
Unidos
albergan
un
20%
del
total
mundial.
Pese
a
ser
hasta
un
diez
por
ciento
más
cara
que
la
común,
la
demanda
de
madera
certificada
también
aumenta.
Esto
se
debe
a
que,
gracias
al
sello,
el
consumidor
puede
identificar
aquellos
productos
madereros
que
favorecen
una
gestión
sostenible
y
“premiar”
a
las
empresas
y
propietarios
de
bosques
comprometidos
con
el
medio
ambiente.
Es
lo
que,
en
economía,
se
denomina
“valor
añadido”:
un
factor
que
concede
una
ventaja
comparativa
a
una
empresa
respecto
a
sus
competidores
en
el
sector.
Según
un
estudio
de
la
Organización
de
Consumidores
y
Usuarios
(OCU)
de
España
y
WWF/Adena,
un
40%
de
los
consumidores
españoles
estaría
dispuesto
a
pagar
entre
un
10
y
un
14
por
ciento
por
encima
del
valor
de
un
mueble
para
proteger
el
medio
ambiente.
Otro
motivo
de
esperanza
es
el
creciente
apoyo
de
las
administraciones
públicas
a
la
madera
certificada.
Un
apoyo
en
forma
de
políticas
de
adjudicaciones
públicas
que,
en
la
contratación
de
obras
y
suministros,
exijan
madera
certificada.
Aunque
todavía
queda
mucho
camino
por
recorrer,
diversos
ayuntamientos
europeos
ya
participan
de
esta
iniciativa.
Es
el
caso
de
Rotterdam
(Holanda);
Oranienburg
(Alemania);
Habo
(Suecia);
Horsham
(Reino
Unido)...
a
los
que
se
acaba
de
unir,
en
diciembre
pasado,
el
ayuntamiento
de
Barcelona,
en
España.
Resulta
evidente
que,
con
una
cuota
de
mercado
de
un
16%
del
Producto
Interior
Bruto
(PIB)
de
la
Unión
Europea,
la
adjudicación
pública
supone
un
instrumento
potencial
de
enorme
importancia.
Acostumbrados,
como
estamos,
al
bombardeo
de
noticias
sobre
catástrofes
medioambientales,
es
fácil
caer
en
el
“ecopesimismo”
y
olvidar
que
existen
-por
pequeños
que
sean-
motivos
para
la
esperanza.
La
madera
certificada
es
buena
prueba
de
ello.
Ahora,
es
la
sociedad
civil
quien
puede,
desde
una
doble
faceta,
ayudar
a
que
este
sistema
crezca:
como
ciudadanos,
exigiendo
a
nuestros
gobernantes
que
apoyen
su
adquisición;
y
como
consumidores,
comprando
productos
forestales
de
manera
responsable.
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