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Científicos,
ecologistas,
consumidores
y
sindicatos
valoran
que
el
Gobierno
español
haya
ratificado
finalmente
el
Convenio
de
Estocolmo
sobre
Contaminantes
Orgánicos
Persistentes
(COP)
que
entró
en
vigor
el
pasado
17
de
mayo.
Aunque
tanto
el
Congreso
como
el
Senado
habían
aprobado
la
ratificación,
el
Ejecutivo
anterior
había
paralizado
inexplicablemente
el
proceso,
al
no
remitir
a
Naciones
Unidas
el
instrumento
de
ratificación.
Estas
organizaciones
piden
al
nuevo
Gobierno
que
incluya
a
los
agentes
sociales
en
el
Plan
de
Acción
que
elaboren
para
aplicar
el
Convenio
y
eliminar
los
COP
a
nivel
estatal.
Además,
aunque
el
anterior
Ejecutivo
logró
que
Europa
admitiese
mantener
la
producción
de
DDT
en
España
hasta
2014
en
el
Reglamento
europeo
que
transpone
Estocolmo,
el
nuevo
Gobierno
debería
revisar
la
política
mantenida
hasta
ahora
en
relación
a
este
contaminante.
De
la
³docena
sucia²
de
sustancias
que
prohíbe
esta
regulación,
los
que
más
deben
preocupar
en
estos
momentos
a
España
son
el
DDT,
los
PCB
y
las
dioxinas
y
furanos,
puesto
que
aún
están
presentes
en
nuestras
vidas
y
nuestro
entorno.
Según
Miquel
Porta,
profesor
de
la
Universidad
Autónoma
de
Barcelona
y
presidente
de
CiMA
(Científicos
por
el
Medio
Ambiente),
a
pesar
de
los
escasos
estudios
disponibles
en
España
sobre
presencia
de
COP
en
seres
humanos
y
alimentos,
"entre
un
80
y
un
100%
de
la
población
española
tiene
concentraciones
detectables
de
COP,
como
el
DDE
(producto
de
degradación
del
DDT)
o
los
PCB".
Además,
"diversos
estudios
españoles
indican
que
muchas
muestras
de
carne,
pescado,
huevos,
leche,
mantequilla,
queso
y
cereales
contienen
residuos
de
DDE,
PCB,
hexaclorobenceno,
lindano
y
otros
COP".
Consumidores,
ecologistas,
sindicatos
y
científicos
demandan
además
a
los
Gobiernos
estatal,
autonómicos
y
municipales
que,
cada
uno,
en
la
medida
de
sus
competencias,
establezcan
los
mecanismos
adecuados
para
impulsar
la
investigación
sobre
el
estado
de
la
contaminación
por
COP
en
España,
para
garantizar
la
difusión
de
información
fiable,
para
desarrollar
sistemas
de
inspección
adecuados
y
para
promover
alternativas
más
seguras
y
respetuosas
con
el
medio
ambiente.
El
Convenio
de
Estocolmo
es
la
única
herramienta
legal
global
capaz
de
proteger
tanto
al
medio
ambiente
como
a
los
ciudadanos
frente
a
la
amenaza
de
unos
compuestos
que
se
caracterizan
por
su
elevada
toxicidad
y
por
su
capacidad
de
perdurar
en
el
tiempo
sin
degradarse.
Entre
otros
efectos,
los
COP
son
cancerígenos,
alteran
los
sistemas
reproductor
e
inmunológico,
provocan
trastornos
en
el
desarrollo
de
los
niños
y
son
disruptores
endocrinos
(alteran
el
sistema
hormonal).
Sus
posibles
efectos
sobre
la
salud
-incluso
a
dosis
bajas-
son
causa
de
constante
preocupación
en
la
comunidad
científica
internacional.
Hasta
el
momento,
de
los
150
países
que
han
firmado
el
Convenio
de
Estocolmo
64
ya
lo
han
ratificado.
Dado
que
era
necesaria
la
ratificación
de
al
menos
50
países,
el
Convenio
no
entró
en
vigor
hasta
el
pasado
17
de
mayo.
Firman:
Amigos
de
la
Tierra,
CECU
,
Científicos
por
el
Medio
Ambiente,
CCOO,
Ecologistas
en
Acción,
SEO/Birdlife,
UGT,
UPA
y
WWF-Adena |