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 Estas
tierras
ancestrales
de
la
mosquitia,
en
la
zona
atlántica
nicaragüense,
han
sido,
desde
el
siglo
pasado,
escenario
de
fantásticas
operaciones
comerciales.
Hace
cien
años
por
aquí
fluían
oro,
plata,
cobre,
zinc,
madera
y
banano
desde
tierra
adentro
hasta
desembocar
en
el
mar
Caribe,
para
abastecer
los
mercados
de
Estados
Unidos
y
de
Europa.
La
mosquitia,
territorio
indígena
que
Nicaragua
comparte
con
Honduras,
veía
así
drenados
sus
recursos
por
la
venas
de
ríos
maravillosos
que
la
recortan
en
complicados
arabescos.
La
Región
Autónoma
del
Atlántico
Norte
(RAAN),
en
el
Caribe
nicaragüense,
tiene
58
mil
km2,
algo
más
que
la
extensión
de
la
vecina
Costa
Rica.
Pero
aquí
viven
solo
231
mil
habitantes,
mucho
menos
que
los
casi
cuatro
millones
de
costarricenses;
la
mayoría
de
la
etnia
miskita,
pero
también
hay
sumos
e
hispanoparlantes.
Aquí
está
cerca
de
60%
de
los
bosques
vírgenes
que
le
restan
a
Nicaragua.
“Es
la
zona
donde
hay
más
recursos
forestales,
marinos
y
una
naturaleza
espectacular:
pero
la
región
es
la
más
pobre
del
país”,
explica
Centuriano
Knight,
representante
de
la
organización
indígena
Yatama
y
miembro
del
gobierno
regional.
La
RAAN
y
su
hermana,
la
Región
Autónoma
del
Atlántico
Sur
(RAAS)
reciben
apenas
0,93%
del
presupuesto
estatal,
dice
Knight.
En
Prinzapolka,
por
donde
hace
cerca
de
un
siglo
se
escurría
la
riqueza
mineral,
la
caoba
y
el
cedro
real,
el
ingreso
per
cápita
es
de
28
dólares
anuales,
destaca.
Tierra
mágica
Era
noche
cuando
llegamos
a
la
comunidad
de
Layasiksa,
al
sur
de
Puerto
Cabezas,
en
el
atlántico
nicaragüense.
Aquí
vamos
a
dormir.
En
hamacas.
No
hay
luz,
ni
agua,
ni
teléfono.
Construidas
sobre
estacas,
las
casas,
de
madera,
o
“casas
de
tambo”,
como
las
llaman,
se
esparcen
por
el
enzacatado.
Los
animales
-
cerdos,
gallinas,
vacas-,
sueltos,
buscan
qué
comer
desde
temprano.
Los
hombres
cazan
y
pescan.
Las
mujeres
también.
Son
136
familias,
algo
menos
de
mil
personas,
en
las
orillas
de
la
laguna
de
Layasiksa,
en
cuyo
curso
sus
aguas
convergen
con
el
río
Kukalaya
fluyendo
en
la
laguna
de
Wouhta,
hasta
desembocar
en
las
aguas
“esmeraldas”
del
Caribe.
Siembran
algo
en
tierras
cercanas:
frijoles,
arroz,
maíz,
yuca.
Pero
aquí
no
hay
trabajo
asalariado,
salvo
para
los
profesores
de
la
escuela
o
una
enfermera.
La
comunidad
tiene
unas
cien
mil
hectáreas
de
tierras,
de
las
cuales
35
mil
de
bosques,
4.500
sometidas
a
un
plan
de
manejo.
Cerca
de
otras
cinco
mil
han
sido
dadas
en
concesión
a
la
empresa
maderera
PRADA,
que
las
trabaja
también
con
un
plan
de
manejo
certificado.
Es
aquí
donde
el
Fondo
Mundial
para
la
Naturaleza
(WWF)
está
desarrollando
su
trabajo
para
al
conservación
del
bosque,
una
de
las
áreas
de
selva
tropical
más
importante
de
Centroamérica.
“Hemos
iniciado
tres
líneas
de
trabajo:
conocer
los
recursos,
elaborar
un
plan
de
manejo
y
evaluar
su
impacto
ambiental”,
explica
Steve
Gretzinger,
Director
Forestal
de
WWF
Centroamérica.
¿Qué
vamos
a
hacer
con
la
madera?,
se
pregunta
Gretzinger.
La
comunidad
es
rica
en
maderas
preciosas,
y
también
en
pino
Caribe,
además
de
otras
especies.
Las
alternativas,
por
ahora,
son
dar
la
tierra
en
concesión,
vender
la
madera
en
rollo,
aserrada,
o
elaborar
productos
de
artesanía
y
muebles.
“La
madera
preciosa,
como
la
caoba
o
el
cedro
real,
se
aprovechó
sin
manejo
y
casi
no
queda”,
asegura
Ronaldo
Ocampo,
un
miskito
de
25
años
ahora
miembro
del
Comité
Forestal
Comunitario
de
Layasiksa.
Ahora
queda
apenas
una
reserva
de
cuatro
mil
hectáreas,
que
piensan
mantener
así.
Pero
las
presiones
son
permanentes.
Si
hace
un
siglo
salían
de
aquí
maderas
preciosas
y
oro
para
los
mercados
de
Estados
Unidos
y
Europa,
ahora
hay
cierta
reticencia
para
comprar
maderas
de
bosques
tropicales.
La
conciencia
ecológica
provoca
resistencia
entre
grupos
europeos
que
ven
con
preocupación
su
destrucción.
Tienen
razón.
Pero
si
no
se
puede
aprovechar
la
madera,
los
bosques
de
las
comunidades
de
Layasiksa
no
tendrían
ningún
valor,
aunque
seguirían,
probablemente,
siendo
talados
de
forma
ilegal
por
quienes
controlan
los
mecanismos
que
les
permite
hacer
llevar
esta
madera
preciosa
a
mercados
sofisticados,
hambrientos
de
un
producto
cada
vez
más
escaso.
O
simplemente
se
tumbaría
la
madera
para
crear
tierras
de
pasto
y
poder
sobrevivir.
La
comunidad
de
Layasiksa
ha
elaborado
un
plan
de
manejo
del
bosque.
El
plan
contemplaba
el
aprovechamiento
de
un
área
de
200
hectáreas
el
año
pasado
y
de
204,
este
año.
De
eso
se
trata
el
plan
de
manejo:
utilizar
el
bosque
de
manera
racional,
aprovechando
aquellos
árboles
que
ya
no
van
a
crecer
más,
dejando
desarrollarse
los
que
todavía
no
han
llegado
a
un
nivel
adecuado
de
aprovechamiento,
y
también
aquellos
mas
viejos,
que
sirven
para
semillas,
que
permiten
reproducir
la
especie.
Ese
plan
tiene
la
virtud
de
evitar
la
destrucción
del
bosque
y
de
permitir
a
la
comunidad
miskita
salir,
poco
a
poco,
de
la
dramática
pobreza
en
que
vive.
Manejo
adecuado
del
bosque
 Y
es
precisamente
con
esta
visión
de
asegurar
calidad
de
vida
a
quienes
viven
del
bosque,
en
especial
si
son
indígenas,
que
en
1993
se
formó
en
Oaxaca,
México,
el
Consejo
de
Manejo
Forestal
(FSC,
por
sus
siglas
en
inglés),
que
hoy
tiene
su
sede
en
Alemania.
Se
trata
de
la
unión
de
diversas
Organizaciones
No
Gubernamentales
(ONGs)
y
dueños
de
bosques
empeñados
en
promover
la
idea
de
un
manejo
responsable
del
recurso
forestal.
La
FSC
elaboró
estándares
de
manejo
forestal
sostenible,
incluyendo
una
cadena
de
custodia
de
toda
la
línea
de
producción,
cuyo
punto
de
partida
es
que
la
operación
sea
legal,
que
se
respeten
los
derechos
de
las
comunidades
indígenas
y
se
analice
el
impacto
ambiental
del
aprovechamiento.
En
Nicaragua
hay
ya
más
de
13
mil
hectáreas
certificadas
según
patrones
estrictos
de
aprovechamiento.
Ocampo
explica,
con
palabras
sencillas,
los
procedimientos
de
certificación
de
la
madera
y
cómo
se
deben
seleccionar,
los
árboles
aptos
para
ser
talados
en
el
bosque.
En
pocas
semanas,
los
líderes
miskitos
aprenden
las
normas
básicas
de
la
conservación
que
luego
explican,
con
mucha
propiedad,
a
sus
hermanos
y
a
los
propietarios
de
tierras
en
la
zona.
Desde
luego,
hay
todavía
un
largo
camino
que
recorrer
antes
de
que
la
certificación
se
consolide
en
esta
remota
zona.
Pero,
pese
a
los
problemas,
los
indígenas
reconocen
hoy
que
es
mejor
realizar
un
manejo
adecuado
del
bosque
que
talarlo
de
forma
desmedida,
pues
el
bosque
es
su
banco,
su
futuro
asegurado
por
la
madera
que
provee
y
por
los
beneficios
asociados
a
la
salud
del
ambiente
natural.
La
propuesta
de
un
manejo
racional,
promovido
por
instituciones
globales
de
conservación
como
WWF,
y
de
programas
que
ayuden
a
las
comunidades
indígenas
a
aprovechar
las
enormes
riquezas
naturales
que
poseen,
ofrecen
una
alternativa
para
enfrentar
la
pobreza
y
respetar
el
ambiente.
“WWF
no
nos
puede
dejar,
si
nos
sueltan,
nos
caemos;
nos
tienen
que
apoyar
hasta
que
estemos
preparados”,
dice
el
síndico
de
Layasiksa.
“Si
nos
va
bien,
vamos
a
recibir
unos
50
mil
dólares
este
año”,
añade.
“Quince
mil
para
cubrir
gastos
y
el
resto
para
mejorar
el
nivel
de
vida
de
la
comunidad,
contratar
una
enfermera,
comprar
remedios,
apoyar
el
estudio
de
los
jóvenes”,
dice
Rufino
Johnson.
El
Plan
Nacional
de
Desarrollo
de
Nicaragua,
recientemente
aprobado,
propone
la
formación
de
conglomerados
(o
clusters)
industriales
para
el
desarrollo
del
país.
El
sector
forestal
es
uno
de
esos
clusters.
Carlos
Zúñiga,
de
la
Comisión
Presidencial
de
Competitividad,
estimó
que
WWF
es
el
tipo
de
socio
para
impulsar
el
desarrollo
del
cluster.
Estamos
todos
en
este
barco,
¿qué
otra
alternativa
hay
para
promover
el
desarrollo
de
esas
comunidades
empobrecidas
y
asegurar
un
aprovechamiento
racional
de
sus
recursos
naturales?
Por
ahora,
no
la
hay.
FIN
(1200
palabras).
*Gilberto
Lopes
es
un
periodista
brasileño
radicado
en
Costa
Rica.
Consejo
de
Manejo
Forestal
En
1993
se
formó
en
Oaxaca,
México,
el
Consejo
de
Manejo
Forestal
(FSC,
por
sus
siglas
en
inglés),
que
hoy
tiene
su
sede
en
Alemania.
Se
trata
de
la
unión
de
diversas
Organizaciones
No
Gubernamentales
(ONGs)
y
dueños
de
bosques
empeñados
en
promover
la
idea
de
un
manejo
responsable
del
recurso
forestal.
La
FSC
elaboró
estándares
de
manejo
forestal
sostenible,
conocidos
como
Principios
y
Criterios,
incluyendo
una
cadena
de
custodia
de
toda
la
línea
de
producción,
cuyo
punto
de
partida
es
que
la
operación
sea
legal,
que
se
respeten
los
derechos
de
las
comunidades
indígenas
y
se
considere
el
impacto
ambiental.
En
Nicaragua
hay
ya
unas
13
mil
hectáreas
certificadas
por
el
FSC. |
