El avance del Plan Nacional de Asignación de Derechos de CO2

Cristina García-Orcoyen, directora de Fundación Entorno

Madrid, junio de 2004 (Infoecología)

Con la presentación del borrador del Plan Nacional de Asignación de derechos de emisiones contaminantes, obligado por la Directiva europea sobre comercio de Derechos de Emisión, se abre definitivamente en España la vía para una nueva planificación energética. En este nuevo contexto, y junto a los aspectos tradicionales básicos como el aseguramiento del abastecimiento y la diversificación de las fuentes (para no depender en exceso del exterior en el aprovisionamiento), las energías renovables y el gas, en detrimento de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, adquieren un peso decisivo como fuentes de producción.

 

Se trata sobre todo de crear, en unos plazos que no comprometan la competitividad de nuestras industrias, una nueva cultura de la producción -pero también del consumo energético- mediante la aplicación de tecnologías más eficientes a la hora de producir, y de formas de consumir también más eficientes. En este proceso de cambio hacia una disminución significativa de las emisiones contaminantes tiene mucho que decir y hacer el propio consumidor, quien habrá de adaptar sus actividades a sencillas, pero eficaces, fórmulas de ahorro.

 

En este sentido, un progresivo aumento de las tarifas eléctricas puede contribuir significativamente a una participación más activa de los consumidores en el ahorro de energía, mediante un uso más eficiente de la misma en sus actividades habituales.

 

De la misma manera, otros sectores, no afectados por esta Directiva de comercio de Derechos de Emisión, -como el sector transportes o el agrario-, deberían sumarse a los esfuerzos de la industria por acortar distancias con respecto a los objetivos de Kyoto en un plazo razonable. Tiene razón el Secretario General de la Oficina de Cambio Climático, Arturo Gonzalez Aizpiri cuando dice que la industria ha hecho y está haciendo bastante más esfuerzos que otros sectores aquí mencionados.

 

No sería justo que el peso de la reducción de emisiones caiga únicamente en determinadas industrias, objetivo de la Directiva sobre Comercio de Derechos de Emisión, -cuya interpretación en el caso español ha sido, en algunos aspectos, incluso más restrictiva que la propia norma europea (no admisión del pooling o del banking)-  mientras otros sectores, como el transporte, siguen aumentando de forma exponencial su contribución al aumento de emisiones contaminantes.

 

Por otra parte está la posibilidad para las empresas de obtener certificados  de reducción de emisiones (ERU’s) mediante los llamados mecanismos flexibles del Protocolo de Kyoto de desarrollo limpio ((MDL’s) o de implementación conjunta (JI’s), a los que ayer aludió la ministra de Medio Ambiente como buena fórmula para que las empresas españolas puedan contabilizar en España las reducciones de emisiones que produzcan en países en vías de desarrollo o en países del Este de Europa, y norte de África.

 

Sin embargo, al respecto, debe matizarse que, siendo esto cierto, para que realmente puedan ser de ayuda las Naciones Unidas, encargadas de validar los proyectos candidatos a obtener estos certificados, se deberían flexibilizar las condiciones que en la actualidad imponen, ya que de no hacerlo, serán muy pocos los proyectos que obtengan los mencionados certificados, y su incidencia en los derechos de contaminación de las empresas prácticamente nulos.

 

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