El 4 de noviembre de 2004 el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 194/2004 en la que asignaba la gestión de los parques nacionales a las comunidades autónomas, generando la consiguiente alegría y satisfacción entre estas administraciones y preocupación e incertidumbre en sectores ligados al conservacionismo.

El Constitucional ha hecho pública una nueva sentencia, de 20 de abril de 2005, que afecta directamente a los parques nacionales y que es posible que palie, al menos parcialmente, la alegría de unos y la preocupación de otros.

La nueva resolución confirma que la Administración Central es competente para fijar los criterios básicos de conservación en los parques nacionales, ya que permite al Ministerio de Medio Ambiente establecer a través del Plan Director de Parques Nacionales limitaciones y prohibiciones en los usos y actividades que se realicen en estas áreas protegidas.

La sentencia es consecuencia del conflicto que promovió la Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional en el año 2000 contra diversos artículos del Real Decreto 1803/1999, por el que se aprobaba el Plan Director de la Red de Parques  Nacionales, por estimar la Junta que esta norma invadía competencias de la Administración autonómica.

El Constitucional estima parcialmente el conflicto planteado por el Ejecutivo andaluz, pero confirma la constitucionalidad de varios de los preceptos impugnados, entre ellos los que permiten  el Gobierno central establecer limitaciones en el interior de los parques en actividades como la caza, la pesca, los aprovechamientos hidroeléctricos o las actividades urbanísticas.

La sentencia indica que el Plan Director puede fijar con la debida amplitud los criterios básicos que resulten necesarios para la preservación de la riqueza ecológica de estos espacios, que gozan de la máxima protección legal.

Asimismo, permite al Gobierno, sin exceder el ámbito competencial que le reconoce la Constitución, acordar prohibiciones o límites a las actividades sectoriales vinculadas a la ordenación del territorio, caza, pesca fluvial, lacustre y marítima en aguas interiores, marisqueo, turismo, ocio y tiempo libre, desarrollo comunitario e investigación, entre otras. Además, el Constitucional acepta que la Administración General del Estado canalice fondos para favorecer la aplicación y desarrollo del Plan Director.

Por el contrario, la Sentencia no considera básicas, y por lo tanto no son competencia de la Administración central, las directrices relativas al uso público, sensibilización y participación social, e investigación. Al igual que hizo en la sentencia 194/2005 que otorga la competencia de la gestión en los parques nacionales a las comunidades autónomas, esta última sentencia insiste en que el proceso de elaboración de los Planes Rectores de Uso y Gestión  no es competencia de la Administración central. No obstante, el Ato Tribunal apela en la sentencia a la necesidad de crear mecanismos de cooperación y coordinación de  las distintas Administraciones.