Denuncia
SANTUARIO HISTÓRICO BOSQUE DE PÓMAC: 

ANIVERSARIO EN INCERTIDUMBRE

El 01 de junio se celebra un año más del establecimiento del santuario.*

Por Enrique Angulo Pratolongo (junio de 2007)

¿Quién no ha escuchado hablar de la lentitud del Poder Judicial en el país? Deben ser muy pocos los que creen que la justicia en el Perú es ágil, imparcial y eficiente, así como debe ser una peculiar minoría los que asumen que la corrupción y los intereses ocultos no campean por los pasillos del Palacio de Justicia. Y es que estar a la espera de una decisión justa puede hacer –peligrosamente- perder la fe en la lucha por un futuro mejor en nuestra querida patria. Esta pequeña radiografía de la justicia peruana es tomada de un caso realmente preocupante: la invasión de terrenos dentro del Santuario Histórico Bosque de Pómac (SHBP), ubicado en el distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe en Lambayeque, a sólo 32 kilómetros de Chiclayo.

 

Lastimosamente, a nadie debe asombrar lo siguiente: un terreno, declarado Santuario Histórico que por definición es intangible; que alberga parte de nuestro pasado histórico; que protege una importante diversidad biológica; que conserva una muestra representativa del bosque seco ecuatorial y de la Región de Endemismo Tumbesina; y que ofrece una posibilidad de desarrollo para el norte del país, se encuentre invadido por más de 200 personas que han arrasado cerca de 2 000 ha de bosques (el SHBP tiene una extensión de 5 887 ha, saquen su cuenta). Asimismo, pese a que en primera y en segunda instancia el fallo ha sido favorable al santuario, los inescrupulosos invasores han utilizado artimañas legales para retrasar la sentencia final en su contra. Tanto así que han logrado que el juicio iniciado en Chiclayo, haya terminado en las marismas de la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República en Lima desde el 15 de agosto del 2006.

 

El expediente de desalojo fue declarado procedente el 23 de octubre del 2006 y hasta la fecha no se sabe nada. Es decir, los invasores han logrado, hasta ahora, evadir la justicia, burlándose de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, del Patrimonio Natural y Cultural de la Nación y de todos los peruanos. Estos señores vienen modificando el uso del bosque a través de la actividad agrícola y de la construcción de pozos tubulares, instalaciones con cemento y de algunas vías de acceso en pleno santuario. Es decir, se "sientan" en la intangibilidad de esta área protegida que, según su categoría de uso indirecto, solo permite una intervención humana mínima, con el fin de garantizar que los procesos evolutivos y biológicos se conserven en el tiempo.  

 

Imagínense

Esta situación sucede en un Área Natural Protegida (ANP) que puede ser catalogada como "urbana" pues es de fácil acceso y está cerca de Chiclayo y de Ferreñafe. Además es un ANP "pequeña" comparada con las otras que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE). Si en esta ANP que es, digámoslo así, "manejable", imagínense qué podrá estar sucediendo en otras ANP más extensas, con un número limitado de guardaparques y alejadas de la "civilización"; en donde las dependencias del Poder Judicial, así como del Estado quedan a horas de distancia; y en donde la justicia y la fiscalización son términos que posiblemente no forman parte del vocabulario de la zona. Y ya ni pensar en las zonas del país que no tienen ninguna categoría de conservación como los bosques en Loreto, que estuvieron a punto de sucumbir ante unas concesiones forestales jaladas de los pelos.  

 

Imagínense cómo será en el Parque Nacional Alto Purus, en Ucayali y Madre de Dios, con 2.510.694,41 ha protegidas, o en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria en Loreto con 2.080.000,00 ha. Ante invasiones ilegales, la cacería furtiva, depredación u otras actividades al margen de la ley que atentan contra la integridad de la zona protegida, y por ende contra la diversidad biológica y las grandes ventajas que ésta ofrece a los pobladores locales, ¿quién reclama justicia? O lo más tétrico, ¿a quién y a dónde reclamar fiscalización y justicia? Realmente es un escenario de terror. Si no podemos solucionar lo de Pómac, lo otro parecería rozar una situación de otro planeta.

 

En el caso del SHBP, muchos pueden decir que los pobladores locales necesitan terrenos para su desarrollo; sin embargo, los invasores son en su gran mayoría foráneos pues provienen de las provincias cajamarquinas de Chota y de Cutervo. Además, estos señores han aprovechado la debilidad del Estado, reflejada en las carencias económicas y en la falta de autoridad para hacer respetar la ley, para usurpar y depredar los terrenos que albergan el gran patrimonio del Señor de Sicán, descubierto en 1995. Así también, la zona reúne el complejo de pirámides más importante del país y el más numeroso de Sudamérica.

 

Aún tengo grabada la imagen en donde aparece el ex Ministro de Agricultura, José "Chiquitín" Salazar, sosteniendo una banderola en una de las marchas organizadas en mayo del 2006 por el Comité de Gestión del Santuario y por la Sociedad Civil demandando justicia para el santuario ( http://www.inrena.gob.pe/comunicaciones/notas_portada/nota060530-3.htm). Esperemos que ahora que regresa a su terruño (Ferreñafe) colabore con esta tarea que es imprescindible para el saneamiento total físico y legal del santuario.

 

Las dos caras de la moneda

¿Quién está a cargo de la zona? El INRENA, que es criticado actualmente con justa razón. Sin embargo, coincidiendo con las reflexiones del Director de la Revista Viajeros, Guillermo Reaño, aparecidas en Perú 21 el pasado 23 de mayo, y a través de mi propia experiencia, doy fe de los innumerables esfuerzos de la gente del INRENA que hacen malabares para defender nuestro patrimonio natural. Pero por otro lado, al salir a la luz los malos manejos de sus funcionarios, como el del Jefe de Forestales en Tumbes (Editorial de El Comercio del 24 de mayo) que permite la depredación de los bosques secos en dicho departamento, queda en evidencia el funcionar del INRENA. Dos realidades desconcertantes.

 

Es necesaria una reforma inmediata del INRENA y de la gestión ambiental en el país que apoye a los sacrificados guardaparques y a los técnicos que se rompen el lomo en todo el país; y que además se sancione severamente a las despiadadas rapiñas que desean lucrar con el patrimonio natural de todos los peruanos. Mientras tanto, la integridad del SHBP está esperando su desenlace en una fría sala de ¿justicia? limeña. Esperemos que aún quede algo del bosque de algarrobos para el próximo aniversario. Asimismo, ojalá que lo sucedido en el mercado de Santa Anita, cree un buen precedente para el santuario, ya que si se logra el dictamen final para el desalojo de los invasores, éstos se opondrán violentamente. Es necesario hacer cumplir la ley para garantizar el Estado de derecho.

 

* El Decreto Supremo N° 034-2001-AG que declara el SHBP, pese a ser del 01 de junio de 2001, fue publicado el 04 de junio del mismo año en el Diario Oficial El Peruano. Es decir, el aniversario del SHBP debería ser el 04 de junio o en su defecto, al día siguiente de la publicación oficial, sin embargo el INRENA celebra el día del santuario el 01 de junio.

Enrique Angulo Pratolongo, periodista / Perú. 

Correo electrónico: eangulopratolongo@gmail.com

Este artículo, aparecido primeramente en la revista Viajeros (www.viajerosperu.com), ha sido publicado en Infoecología con permiso de su autor.

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