La columna verde

“El cambio climático en España requiere un Pacto de Estado”
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CGO.jpg (703277 bytes)Por Cristina García Orcoyen La entrada en vigor del Protocolo de Kioto es resultado de importantes esfuerzos internacionales a lo largo de los últimos 20 años. Los firmantes han comprendido que estamos frente a un problema absolutamente global que afectará prácticamente a todas las naciones del mundo. Las fuertes implicaciones del sistema Kioto en otros ámbitos además del ambiental, fundamentalmente socioeconómicas, refuerzan el argumento de una actuación global.

Las dimensiones del desafío deben reflejarse en un acuerdo a nivel nacional 

Si las medidas de lucha contra el cambio climático exigen una actuación integrada de alcance internacional, con más razón debe exigirse en el ámbito de los Estados. Las consecuencias del cambio climático exceden espacial y temporalmente los ámbitos de las autonomías y de las legislaturas de gobierno. Lo mismo ocurre con las medidas tendentes a mitigar y a adaptarnos al cambio climático, ofreciendo más argumentos para buscar una actuación consensuada e integrada a largo plazo.

 

Foros multilaterales como el G8 (el actual Presidente del G8, Tony Blair, ha situado al cambio climático en el mismo orden de prioridad que el terrorismo y  la lucha contra la pobreza en Africa), o incluso la OMC -no olvidemos que la aplicación de distintas políticas podría tener algún efecto distorsionador en el régimen comercial internacional- deberían servir para llegar a un arreglo justo sobre la cuestión. Y ojo con lo de justo,  integrar más países no debe implicar ni más burocracia ni compromisos más laxos.

 

Estamos hablando de ordenación industrial, medidas sobre la edificación, gestión de grandes redes nacionales (transporte, energía eléctrica, agua), protección de zonas costeras y ordenación agrícola, mejora de sumideros, sensibilización, etc. medidas diseñadas en muchas ocasiones desde un planteamiento nacional y que por su naturaleza requieren de este enfoque integrador.

 

La industria no es la única responsable: transporte y ciudadanos

Cualquier labor de mitigación que sea creíble y eficaz ha de incluir a la industria y los sectores difusos (transporte y residencial). Estos sectores también han tenido una importante responsabilidad en el aumento de emisiones en los últimos doce años.

 

En 1990, el total nacional de emisiones era de aproximadamente 284 millones de toneladas -sólo 119 eran atribuibles a la industria (41,9%). En 2002, el total nacional de emisiones era de 401 millones de toneladas -164 son atribuibles al sector industrial (40,8%).  Por tanto,  de los 116 millones de toneladas de aumento en este periodo,  sólo 45 proceden de la industria. En relación a estos datos, hay que tener en cuenta que incluyen la producción de energía eléctrica, y el consumo de energía por los hogares y sector terciario se ha incrementado muchísimo en estos años

 

Por otro lado, y a tenor de los datos que ofrecen los diferentes sectores, la industria española es razonablemente eficiente en términos de CO2, aunque en casos como el de la industria eléctrica el potencial de mejora es aún muy grande.

 

La importancia de invertir en la reducción de emisiones (mitigación)

Las ventajas de invertir en mitigar las emisiones son diversas: desde conseguir una mejora tecnológica que nos conduzca a un aumento de competitividad, pasando por la reducción de dependencia de un combustible de precio volátil,  hasta quizá el desarrollo de nuevos mercados como el de las energías renovables con un potencial futuro muy interesante.

 

Otro de los factores que nos aconsejan la reducción de emisiones es el cambio de modelo económico. Las industrias en países desarrollados,  intensivas en mano de obra,  van perdiendo competitividad respecto a las instaladas en países de costes laborales menores. El negocio de los países industrializados podría beneficiarse  (y protegerse de una pérdida de competitividad) mediante una reorientación a tecnologías que demandarán las grandes economías emergentes en los próximos 10-20 años (telecomunicaciones y tecnologías de la información, aeronáutica, energías renovables y otros bienes de equipo, tecnología del hidrógeno, nuevos materiales de construcción, servicios financieros, consultoría, turismo, entre otras). La mitigación puede ser incentivada por las inversiones en I+D+i (investigación, desarrollo, innovación)

 

La mitigación es por tanto una necesidad y una estrategia a largo plazo. La adaptación es necesaria (y deberá ser abordada prioritariamente en los países que con más crudeza sufrirán los efectos negativos del cambio del clima, y que en la mayoría de las ocasiones señalan como causantes a los países desarrollados), pero finalmente son recursos invertidos sin retorno. 

 

Importantes riesgos para el turismo

El 11.4% del PIB español en 2003, según el INE, procede del turismo. El cambio climático tendrá importantes efectos sobre este sector.

Podemos prever la escasez de agua, un empeoramiento del clima,  pérdida de espacios naturales, así como fuertes afecciones a las playas (un aumento de un centímetro del nivel del mar conlleva la pérdida de un metro de playa), entro otros efectos no deseados. La playa de Benidorm, por ejemplo, genera un 0,5% del PIB español (según datos de CCOO). 

 

El caso de la agricultura presenta, con sus características propias, consecuencias igualmente amenazantes. Y ya se avanzan otros efectos desconocidos relacionados con grandes movimientos migratorios causados por el cambio climático. 


El papel del sector privado en la mitigación, el papel de las administraciones públicas en las medidas de adaptación

Es necesario, por tanto, llegar a un equilibrio de empleo de recursos entre ambas partidas (mitigación y adaptación). A priori, parece que la primera sería más propia del sector empresarial, mayor dinamizador de la actividad económica y tecnológica de un país, y la segunda quizá debería proceder de recursos públicos, de nuevo justificándose esta afirmación por la necesidad de realizar acciones concertadas a nivel nacional.

 

En cualquier caso, esto no implica que se deban derivar necesariamente recursos públicos actualmente invertidos en I+D a programas de adaptación. La naturaleza del problema del cambio climático implica que cualquier inversión realizada hoy en el primero de los conceptos y por tanto en la mitigación de las causas del problema, se rentabilizará en un futuro, en una menor necesidad de gasto en el segundo, al haberse paliado en parte las consecuencias del problema, que exigirían esta adaptación.

 

Porque el cambio climático afecta a la economía y a la ciudadanía en su ámbito global y local, a corto y largo plazo, es necesario en España un Pacto nacional que vele por la coordinación de las políticas y la transversalidad en ellas de la lucha contra el cambio climático.

Cristina García-Orcoyen Tormo es Directora de la Fundación Entorno 

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