WWF/Adena considera que el proyecto de construir un trasvase de 67 km. y trasvasar 80 hm3/año para su uso en el turismo de la Costa Blanca y la agricultura de regadío en Villena es insostenible. No en vano, dejará al río Júcar sin caudal, afectando a la biodiversidad de la Albufera de Valencia, considerada un humedal de importancia internacional, y de la red Natura 2000 de espacios protegidos europeos.

Antonio Esteban, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, explicó que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) utilizó datos económicos anticuados para comparar los costes del trasvase con los de la desalinización, como ya ocurrió con los informes del Ministerio de Medio Ambiente sobre trasvase del Ebro; y que posteriormente fueron criticados por la Comisión Europea.

En la audiencia de esta mañana, y a pesar de la defensa de la Comisión Europea de su actuación, el Comité de Peticiones, encargado de resolver las quejas de los ciudadanos, acordó enviar en septiembre una delegación de Parlamentarios a la zona para analizar este proyecto conflictivo.

El aspecto más discutido fue la sesgada participación pública que el BEI – en nombre de la Comisión Europea – utilizó para asesorar el proyecto. En su visita, en junio de 2003, el banco se entrevistó sólo con instituciones favorables, y contempló la opinión de las ONGs críticas “a través de los documentos colgados en sus páginas web”, como reconoció el BEI hoy en Bruselas. Posteriormente, la Comisión acordó la cofinanciación de este proyecto con 80 millones de euros.

Guido Schmidt, coordinador del Área de Aguas Continentales de WWF/Adena, explica que “el análisis del BEI no ha sido objetivo y es contrario a los principios de transparencia, buena administración y ausencia de discriminación, exigibles al BEI y a la Comisión Europea”.

Siguiendo estos razonamientos, el Comité de Peticiones ha sugerido a la Comisión por escrito una moratoria del proyecto hasta que se aclare el proceso.

En línea con el ‘cambio tranquilo’ que el nuevo Gobierno ha prometido para la gestión del agua, Schmidt solicita al Ministerio de Medio Ambiente que “paralice las obras y pida a la Comisión Europea que repita el proceso de consulta de los afectados, incluyendo a WWF/Adena y otros organismos preocupados por el estado de conservación del bajo Júcar y la Albufera de Valencia”. El propio Comité acordó también discutir el proyecto con el nuevo Gobierno e invitarles a una próxima reunión.