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UE/Transporte
Petroleo: |
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Madrid, enero de 2004 (Infoecología) |
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El Parlamento Europeo ha aprobado el 14 de enero de 2004 tres informes acerca de la seguridad marítima, el más importante de los cuales, la "Introducción de sanciones para los delitos de contaminación", propuesta de directiva y por tanto con carácter legislativo, propone que la contaminación provocada deliberadamente por vertidos ilegales o "sentinazos"sea perseguible penalmente. Rosa Miguélez, en su intervención, y a pesar de mostrarse plenamente de acuerdo con el contenido del informe, destinado a sancionar los vertidos incontrolados de los petroleros que proceden a desgasificaciones y limpiezas de tanques frente a las costas, fuera de las instalaciones portuarias, se ha mostrado crítica con la actitud de la Comisión Europea, por varias razones. A
Miguélez
le
parece
positivo
que
la
catástrofe
del
Prestige,
que
la
Comisión
califica
eufemísticamente
en
su
propuesta
de
"accidente
de
gran
repercusión
mediática",
motive
estos
importantes
avances
legislativos,
capaces
de
perseguir
penalmente
comportamientos
delictivos
como
los
sentinazos.
Pero
critica
la
afirmación
de
la
Comisión,
no
suficientemente
fundamentada,
de
que
la
mayor
parte
de
dicha
contaminación
no
se
debe
a
los
"accidentes"
sino
a
las
descargas
deliberadas.
"Me
preocupa
que
se
pueda
generalizar
la
idea
de
que
resolviendo
la
cuestión
de
las
descargas
ilegales
resolvemos
más
de
la
mitad
del
problema
de
contaminación
marina
por
hidrocarburos.
Y
no
creo
que
un
fenómeno
de
contaminación
crónica,
como
el
producido
por
una
marea
negra,
sea
comparable,
en
magnitud,
al
producido
por
los
sentinazos.
Tampoco
creo
que
sea
útil:
los
dos
son
terribles,
cada
uno
a
su
manera,
y
contra
ambos
tenemos
que
luchar".
"Temo
también,
señaló
Miguélez,
por
lo
que
se
refiere
al
Prestige,
en
el
origen
de
estas
propuestas,
que
de
tanto
legislar
para
el
futuro
se
nos
pueda
olvidar
el
presente.
Y
el
presente
es
una
catástrofe
aún
no
concluída,
como
lo
demuestra
la
nueva
oleada
de
fuel
que
llega
estos
días
a
las
costas
francesas
y,
por
supuesto,
gallegas,
o
las
14.000
toneladas
aún
encerradas
en
el
pecio,
a
la
espera
de
una
solución
definitiva".
Para
Miguélez,
los
tres
grandes
interrogantes
que
los
ciudadanos
de
Galicia
aún
se
plantean,
las
indemnizaciones
a
los
afectados,
los
problemas
medioambientales
presentes
y
futuros
y
la
solución
al
pecio
y
al
fuel
que
encierra,
no
han
recibido
respuesta
europea.
"Así
que,
señorías,
contenta
de
que
nuestra
catástrofe
haga
avanzar
la
legislación
comunitaria,
pero
firmemente
convencida
de
que
Europa
tiene
que
dotarse
de
mecanismos
para
dar
a
estas
tragedias,
que
seguirán
produciéndose
a
pesar
de
tanto
esfuerzo
legislativo,
una
respuesta
europea
que,
hoy
por
hoy,
no
existe". Por
otra
parte,
señala
Miguélez,
y
aunque
tanto
la
Comisión
como
el
ponente
reconocen
que
gran
parte
de
la
contaminación
operativa
generada
por
toda
clase
de
buques
en
aguas
comunitarias
se
debe
a
la
falta
de
instalaciones
receptoras
de
residuos
adecuadas
en
algunos
puertos
y,
naturalmente,
a
que
los
buques
son
reacios
a
utilizarlas
por
diversos
motivos,
existe
ya
una
directiva
europea
sobre
instalaciones
portuarias
receptoras
de
desechos
generados
por
buques
y
residuos
de
carga
que
introduce
una
serie
de
requisitos
para
que
todos
los
puertos
comunitarios
cuenten
con
instalaciones
apropiadas
y
los
buques
las
utilicen,
directiva
que
se
está
incumpliendo
de
manera
flagrante
por
parte
de
los
Estados
miembros,
entre
ellos
España..
"Demasiados
puertos
carecen
de
instalaciones
receptoras
adecuadas
para
almacenar
y
tratar
resíduos.
No
sabemos,
por
tanto,
si
esta
directiva
aprobada
hoy
va
a
poder
ser
aplicada,
o
si
se
va
a
quedar,
como
tantas
otras,
en
un
mero
papel
mojado
que
a
algunos
pueda
servir
de
justificación
moral". Miguélez criticó también la postura hipócrita de los populares, recientes abanderados de la lucha contra la contaminación marina, pero a los que no les tiembla la mano a la hora de votar en contra de enmiendas que permitirían endurecer la propuesta, como la que preveía una más rápida entrada en vigor (en 6 meses en lugar de 12), o la que obligaba a los Estados miembros a invertir el dinero recaudado a través del procedimiento sancionador en medidas de lucha contra la contaminación. "Ni siquiera aceptaron la propuesta de la Comisión de que se considerasen también "descargas ilegales" las resultantes de averías sufridas por el buque y sus equipos, lo que a no dudarlo tendrá repercusiones muy negativas en la aplicación de esta directiva". |