Ruido
Guerra al ruido en Madrid. Hasta 300.000 euros de multa a quien incumpla la normativa sobre ruido

Madrid, enero de 2004.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha acordado remitir al Pleno municipal la nueva Ordenanza sobre el Ruido, que eleva hasta 300.000 euros las multas por infracciones muy graves y permite la clausura cautelar de los locales que superen los niveles máximos permitidos

La clausura cautelar de una actividad, la imposición de multas de hasta 300.000 euros o la posibilidad de aplicar conjuntamente  multas y otras medidas sancionadoras, son alguna de las novedades contempladas por la nueva Ordenanza Municipal de Ruido y de Contaminación de la Atmósfera por otras formas de Energía,  cuyo proyecto y envío al próximo Pleno municipal  para su aprobación inicial se ha acordado en la Junta de Gobierno que ha presidido el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón el 22 de enero.

 Esta norma, elaborada por la Concejalía de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, se caracteriza por ser exclusiva y especifica para el ruido (anteriormente formaba parte de la Ordenanza de Medio Ambiente) y por incrementar la cuantía de las sanciones respecto a la normativa anterior. Además, se ha adaptado a la Ley del Ruido aprobada recientemente por las Cortes Generales, incorpora los criterios técnicos contemplados en la normativa europea vigente y recoge las modificaciones de la Ley de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.


Entre los nuevos mecanismos en la lucha contra el ruido que incluye la futura  Ordenanza destacan las medidas cautelares y provisionales que se podrán adoptar antes de incoar expediente sancionador. De esta manera, cuando se superen los niveles sonoros autorizados, Medio Ambiente podrá suspender obras o actividades; clausurar temporal,  total o parcialmente instalaciones o establecimientos; precintar focos emisores de ruido; inmovilizar vehículos; suspender temporalmente autorizaciones o licencias  para el ejercicio de una actividad o cualquier otra medida necesaria para impedir la continuidad de la acción productora del ruido.

Con estas medidas el Ayuntamiento persigue corregir de forma inmediata aquellas situaciones que perturban de forma grave la calidad de vida de los ciudadanos, actuando de forma directa e inmediata sobre las fuentes del ruido.

Calidad de vida
La nueva normativa sobre ruidos persigue una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, para ello convierte  la información en un elemento fundamental al  obligar a los promotores de actos culturales, religiosos o de obras a informar a la población afectada tanto de la  actividad que van a realizar  y de la autorización que han recibido.


La Ordenanza, además, prohíbe realizar obras en el interior de las viviendas desde las 21 hasta las 8 horas y establece un horario de 8 a 22 horas de lunes a viernes y de 9 a 12 horas los sábados, siempre en días laborables, para la retirada, reposición y utilización de contenedores de escombros.


En lo que se refiere a las medidas encaminadas a minimizar el impacto acústico producido por  las actividades de ocio figuran, entre otras,  la exigencia de disponer de vestíbulo acústico eficaz en ciertos establecimientos de pública concurrencia. Además se incluye la posibilidad de implantar limitadores sonoros horarios y se prohíbe   instalar  equipos de reproducción/amplificación sonora  en las terrazas y veladores, excepto en los casos autorizados por la Concejalía de Medio Ambiente. Asimismo los locales que cierran después de las tres de la mañana tendrán que inscribirse en un registro especial de la Concejalía para aumentar el control de sus posibles afecciones acústicas.


Por lo que respecta a las sirenas, se prohíben las frecuenciales en el término municipal de Madrid. Además, el Ayuntamiento exigirá la instalación de un mecanismo de registro y control de uso de los sistemas de sirenas instalados en ambulancias.


Multas

La nueva Ordenanza mantiene la actual clasificación de las infracciones (leves, graves o muy graves) aunque se ha establecido una nueva tipificación de las mismas. Se considerarán infracciones graves el ejercicio de actividades que incumplan las condiciones establecidas por el Ayuntamiento en la licencia, la manipulación de los sistemas limitadores, el o incumplimiento del horario para el funcionamiento de los equipos de reproducción y obstaculizar la labor de inspección municipal.


Serán faltas muy graves aquellas que ocasionen daños graves al medio ambiente o pongan en peligro la seguridad de las personas, la producción de contaminación por encima de los niveles máximos establecidos en las zonas declaradas de protección acústica especial. También se considerarán faltas muy graves la ausencia de vestíbulos acústicos o circular sin elementos silenciadores  o con los mismos ineficaces o inadecuados.


La nueva Ordenanza también contempla el incremento de las sanciones que, en el caso de vehículos a motor, serán de hasta 600 euros en faltas leves,
entre 601 euros y 12.000 euros en faltas graves, y entre 12.001 euros y  300.000 euros para las faltas muy graves.

 

En cuanto a las infracciones cometidas por el resto de focos emisores, destaca como novedad la posibilidad de aplicar una combinación de sanciones. Se podrán imponer, además de una multa, otras medidas sancionadora (cierre, precintado, suspensión o clausura del foco o actividad contaminante, con carácter temporal o definitivo, etc).


Para las  faltas leves la nueva Ordenanza  establece la posibilidad de aplicar todas o alguna de las siguientes sanciones: multa de hasta 600 euros; precintado del foco sonoro por 2 meses máximo; suspensión de la actividad por 2 meses máximo.


En el caso de las infracciones graves se podrán aplicar todas o alguna de las
siguientes sanciones: multa desde 601 euros hasta 12.000 euros; precintado del foco por un período máximo de 4 meses; suspensión de la actividad por un período máximo de 4 meses; suspensión de la licencia municipal de instalación o actividad por un período entre 1 mes y 1 día y un año; clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones o establecimientos por un período máximo de 2 años.

Las infracciones muy graves se sancionarán con  una o varias de las siguientes medidas: multa desde 12.001 euros hasta 300.000 euros; revocación de la licencia municipal de instalación o actividad o suspensión de su vigencia por un período entre 1 año y 1 día y 5 años; precintado temporal o definitivo del foco; clausura definitiva, total o parcial, de las instalaciones o establecimientos; clausura temporal, temporal o parcial de las instalaciones o establecimientos por un período no superior a 5 años; prohibición temporal o definitiva del desarrollo de actividades.

 

En ningún caso la sanción podrá ser inferior al beneficio de cometer la infracción, pudiendo llegar a ser el doble de dicho beneficio.

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