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El Gobierno ha aprobado la participación española en
un proyecto comunitario destinado a conseguir la estandarización de los
métodos analíticos aplicables a residuos biodegradables, lodos y
suelos. España participará con el Ministerio de Medio Ambiente y el
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT), que han sido autorizados a suscribir un acuerdo de
colaboración con este fin.
Según el Ejecutivo, la armonización de criterios y de
métodos de análisis, mediante su estandarización, permitirá tomar
decisiones múltiples relacionadas con los usos que se pueden dar a este
tipo de residuos biodegradables y que ya están regulados en las
Directivas comunitarias relacionadas con su reciclado y eliminación.
Asimismo, con esta estandarización se podrán evaluar
los parámetros exigidos en la directiva comunitaria de lodos de
depuración y fijar los nuevos para futuras directivas sobre tratamiento
biológico de residuos, su vertido y sobre monitorización de suelo.
El Ministerio de Medio Ambiente aportará las
contribuciones económicas al proyecto, por importe de 174.950 euros. El
CIEMAT participará en la realización de informes, la coordinación de
laboratorios y personal especializado y en el asesoramiento al
representante del Ministerio de Medio Ambiente en el Comité de
Dirección de este proyecto europeo.
El Parlamento aprueba la ley que regula los
transgénicos
El Parlamento ha aprobado la Ley de Utilización
Confinada, Liberación Voluntaria y Comercialización de los Organismos
Genéticamente Modificados, que traspone la directiva comunitaria sobre
esta materia.
Aunque el PP considera que esta normativa cubre el
vacío legal existente y traspone la normativa europea al ordenamiento
jurídico español, el PSOE, IU y las organizaciones ecologistas han
criticado la nueva ley, al entender que se trata de un normativa de
mínimos que no garantiza adecuadamente el principio de precaución.
Los socialistas denuncian que la ley no incorpora la
obligatoriedad de informar en el etiquetado del producto de la presencia
de sustancias transgénicas, por lo que se genera indefensión en el
consumidor.
Por su parte, las organizaciones ecologistas destacan
que no evalúa adecuadamente los riesgos de los organismos modificados
genéticamente ni garantiza un seguimiento adecuado de los cultivos. |