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Desarrollo
económico y calidad ambiental no son incompatibles, al menos en la
Comunidad de Madrid. "Nuestro objetivo es que el vertido de
residuos resulte más caro que la reutilización o el reciclaje, de
forma que llegue a ser poco atractivo para nuestro sector
empresarial", dijo este lunes el consejero de Medio Ambiente,
Pedro Calvo, durante la inauguración de un curso sobre "Nueva
legislación en materia de residuos".
La
nueva Ley de Residuos y la Ley del Impuesto sobre Depósito de
Vertido, recientemente aprobadas por la Comunidad de Madrid, gravan
toda eliminación mediante vertido en tierra en instalaciones situadas
en la región. El objetivo es fomentar la reducción de residuos desde
el mismo proceso de producción, rompiendo un modelo de gestión
obsoleto que estaba orientado al vertido y cuya estructura favorecía
el uso de este tipo de instalaciones. "Su finalidad es que el
vertido resulte más caro que la reutilización o el reciclaje, de
forma que verter en una Comunidad como Madrid llegue a ser algo poco
atractivo para nuestro sector empresarial", explicó el consejero
de Medio Ambiente, Pedro Calvo, durante la inauguración de un curso
sobre 'Nueva Legislación en Materia de Residuos', organizado por la
Fundación General de la Universidad Complutense en colaboración con
la Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental (FIDA).
"Nos encontramos ante un texto legal que apuesta firmemente por
el desarrollo sostenible de nuestra Comunidad, que sin duda tiene gran
relevancia para el futuro de la región, con importantes repercusiones
de carácter medioambiental, económico y social. Con esta ley estamos
más cerca de compatibilizar el desarrollo económico con la alta
calidad de vida que exigen los madrileños", ha manifestado el
consejero, quien destacó también "la apuesta que hacemos por la
corresponsabilidad entre Gobierno regional y entidades locales en las
tareas de vigilancia y control del cumplimiento de esta ley", así
como "el endurecimiento de las sanciones, garantizando que en
ningún caso la multa será igual o menor al beneficio obtenido de la
comisión de la infracción, pudiendo incrementarse su cuantía hasta
el doble de dicho beneficio".
Madrid,
pionera en puntos limpios
Según
el consejero de Medio Ambiente, "la Comunidad de Madrid ha sido
pionera en España en el establecimiento de este tipo de instalaciones
para la recogida selectiva de los residuos de origen domiciliario.
Dada la experiencia y la eficacia demostrada, la Ley viene a reforzar
este modelo de gestión, obligando a que con cargo a los nuevos
desarrollos urbanísticos todos los municipios de más de 1.000
habitantes dispongan al menos de un punto limpio de titularidad
municipal". Además establece la obligatoriedad de que todos los
nuevos sectores de suelo industrial cuenten con un centro de recogida
para los residuos industriales no peligrosos que se generen en los
diferentes polígonos de nuestra región, cuya construcción correrá
a cargo de los promotores y serán gestionados por cuenta del órgano
gestor del sector.
Pedro Calvo señaló que la nueva Ley de Residuos incentiva la reducción
en la producción de residuos, por ejemplo, al exigir al productor de
residuos peligrosos un estudio de minimización en la generación de
éstos. Su incumplimiento hará imposible que el productor obtenga
autorización para la actividad e, incluso, esté inhabilitado para
recibir certificados medioambientales. "No obstante, una vez que
el residuo se ha generado, es preciso establecer una jerarquía de las
diferentes opciones que existen para su gestión, por este orden:
reutilización, reciclaje, valorización energética y, por último,
eliminación en vertedero. Esta es la última opción de gestión y
debe limitarse a acoger el rechazo, la fracción no valorizable, en
condiciones seguras".
Residuos peligrosos
Entre
las novedades que la Ley de Residuos de la Comunidad introduce
respecto a la norma estatal, Calvo se refirió a la gestión de los
residuos peligrosos. Cada dos años se realizará una auditoria
ambiental sobre el grado de cumplimiento de los condicionantes de la
autorización y además se tendrá la obligación de disponer de un
plan de autocontrol. Así, aquellos gestores que no realicen la
auditoria ambiental o incumplan el plan de autocontrol no podrán
ejercer su actividad.
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