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Ecologistas
en Acción de Madrid se ha reunido con diversas organizaciones
vecinales, colectivos de afectados, sindicales y ecologistas de
once comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias;
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana,
Galicia, Murcia y Madrid) para analizar la situación del
creciente aumento de la contaminación electromagnética producidas por
el del despliegue de las redes de telefonía móvil y del impacto social
y ambiental de la telefonía móvil y las infraestructuras eléctricas.
Los participantes hicieron una valoración positiva de las
movilizaciones vecinales en los meses de agosto y septiembre en más de
sesenta municipios contra la contaminación electromagnética producida
por las redes de telefonía móvil [1].
La coordinadora estatal valoró que ni siquiera se cumplen las tímidas
recomendaciones de disminución de emisiones en las cercanías de zonas
sensibles, aumentando la proliferación caótica de las infraestructuras
de telecomunicaciones; que van aumentar aún más desarrollo de más
25.000 antenas para la redes UMTS. Las organizaciones asistentes
avanzaron en la organización internas en comisiones que de trabajo
sobre telefonía móvil, líneas de alta tensión, subestaciones eléctricas,
personas electrosensibles así como el asesoramiento en denuncias y
temas jurídicos, explican en un comunicado.
La
coordinadora de organizaciones expresó su solidaridad con la lucha de
los vecinos del barrio de Patraix en Valencia contra el proyecto de
instalación de una subestación eléctrica en plena zona residencial y
valoró positivamente la admisión a trámite por la Fiscalía de Medio
ambiente de Madrid de las denuncia por los posibles impactos para la
salud derivados de la contaminación electromagnética en Majadahonda.
Se acordó seguir trabajando en el camino de la exigencia a las
instituciones de un cambio de la normativa estatal sobre
telecomunicaciones, y la reforma en profundidad de la Ley del
sector eléctrico y el reglamento de líneas de alta tensión en el
sentido de evitar los impactos ambientales y sobre la salud pública
derivados de una exposición a campos electromagnéticos y la necesidad
de una comisión interministerial que aborde y dé soluciones al
agravamiento del problema de la electropolución.
[1] En los meses de
agosto y septiembre ha habido movilizaciones contra la contaminación
electromagnética de antenas de telefonía móvil en: Andalucía (
Aguilar de la Frontera , Algeciras, Cádiz, Córdoba, La Línea,
Mijas, Jaén, San Roque, Valencina de la Concepción y Villaverde del Río),
Asturias (Avilés y Oviedo), Baleares ( Palma de Mallorca),Canarias
(Arrecife, Fuerteventura, Guatiza, Guía de Isora, Tias, Teguise,
y Telde), Cataluña ( Barcelona Cambrils, Lleida y Vals),
Cantabria (Reinosa y Torrelavega), Comunidad Valenciana (Benicásim,
Campello, Castellón, Sagunto, Valencia capital, Vall d’Uixó,
Vila-real), Castilla - La Mancha (Azuqueca de Henares, Albacete, Ciudad
Real, Talavera de la Reina, Toledo) Castilla y León (Carrión de los
Condes, Cuellar, Palencia, Salamanca, Santa Marta de Tormes, Segovia,
Valladolid y Zamora), Euskadi (Arrasate, Llodio y San Sebastián),Galicia
(A Coruña, Arousa, Burela, Padrón, Santiago), comunidad de Madrid (Brunete,
Madrid capital en Prosperidad, Avda. Daroca, Majadahonda y Móstoles)
Murcia (Lorca, Murcia capital, Guadalupe, Nonduermas y Santiago y
Zaraiche) y Navarra (Pamplona).
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