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 Madrid,
noviembre de 2002.- La Asociación de Periodistas de Información
Ambiental (APIA) considera que las autoridades, tanto de la Administración
central como autonómica, implicadas
en el mayor desastre ecológico producido en nuestro país no han actuado
con la debida transparencia y diligencia a la hora de ofrecer los datos
referidos a la catástrofe. La información no es patrimonio de quien la
tiene, y los responsables políticos, en este caso, han hecho dejación de
sus funciones al conculcar el derecho a estar bien informados que tiene la
sociedad, y que ejerce a través de los periodistas y los medios de
comunicación.
Una vez más, ante una situación de crisis, de emergencia extrema, ha
sido la descoordinación informativa lo que ha primado. Resulta paradigmático
que en esos momentos, cuando más abiertos tienen que estar los canales de
comunicación, cuando no debería haber ningún tipo de obstáculo, cuando
habría que facilitar al máximo el acceso a informes y testimonios, con
el fin de evitar interpretaciones incorrectas en hechos tan complicados,
es cuando surgen más trabas y se cierran más puertas a los informadores.
La descoordinación no es buena ni efectiva ni para los que tienen la
obligación de informar, ni para la sociedad ni para los periodistas, que
ven aumentado, y mucho, su trabajo; sobre todo cuando se dan tantas
opiniones contradictorias y cuando se duda de la principal fuente, la
gubernamental. Entonces la, por otra parte obligada, labor de investigación
se duplica, con la necesidad de obtener y contrastar más datos y
opiniones.
A pesar de los frenos puestos, fundamentalmente en las dos primeras
semanas de la catástrofe, y de una primera minimización del hecho, los
medios de comunicación percibieron desde un primer momento la magnitud
del accidente y se volcaron en su divulgación. Probablemente, nunca un
hecho, ambiental o no, producido en nuestro país ha copado tantas
portadas y páginas de diarios, y tantos minutos de televisión y radio.
Se ha dicho que la acción ciudadana ha ido por delante de la política, y
nos atrevemos a decir que la actuación mediática ha ido todavía más de
avanzadilla, convirtiéndose en la vanguardia de la movilización popular,
al reflejar las verdaderas dimensiones de una catástrofe anunciada.
En siniestros como el que ahora nos ocupa, cobra mayor atención la labor
ejercida por los periodistas ambientales. Una especialidad necesaria que
deberían contemplar en sus plantillas todos los medios de comunicación
puesto que los temas vinculados al medio ambiente tienen cada vez mayor
auge e impregnan cada vez más todos los aspectos de la sociedad. Aunque
estos especialistas deberían ser demandados no sólo para la labor más
convencional de rastreo y difusión de información sino a la hora de
participar en debates y tertulias en los que muchas veces sólo se oyen
voces escasamente cualificadas.
APIA se creó en el año 1995 y agrupa a ciento treinta profesionales de
toda España.
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