Conselleira de Política Territorial
Maria Jose Caride: Quienes no desarrollan urbanismo responsable, espero estén temblando

 Por Arturo Larena  (Santiago de Compostela, febrero 2007).

Responsable de territorio, infraestructuras, urbanismo y transportes, María Jóse Caride, defiende que el urbanismo no es sinónimo de corruptela y que ejercido con responsabilidad es fundamental para vertebrar un territorio, pero asegura con rotundidad que si algún alcalde realiza operaciones irregulares "espero que esté temblando".

Por eso, explicó en una entrevista que, "me gusta pensar que Gondomar es una excepción" (dos de los concejales del PPdeG fueron detenidos el pasado jueves 15 por un supuesto caso de corrupción urbanística) y que la mayoría de los ediles "ejercen su responsabilidad con un urbanismo razonable y bueno para los ciudadanos".

"Quien no actúe así debería echarse a temblar" y "que sea perseguido por la justicia, que es lo que los ciudadanos deseamos", añade Caride (Vigo, 1966), quien pide que, a pesar de los últimos escándalos, no se mezcle "urbanismo con corruptela, porque bien desarrollado es una pieza clave para la ordenación" territorial.

No obstante, la última palabra la tienen los ciudadanos, por que son ellos quienes pueden optar entre "el todo vale" o una gestión responsable, porque aquí -en política- también hay comportamientos distintos, recuerda la conselleira.

Una herencia endiablada

Así, se muestra vehemente cuando asegura que el Gobierno de la Xunta y la sociedad gallega recibieron del anterior ejecutivo del PPdeG "una herencia endiablada" en materia de ordenación territorial, ya que los populares "no fueron capaces de hacer un plan de infraestructuras" ni desarrollar instrumentos de configuración del territorio.
Hablamos, recuerda, de un territorio atomizado con 32.000 núcleos de población, casi la mitad de toda España, o que cada año necesita invertir 100 millones de euros en transporte escolar debido a la dispersión de su población.

Según Caride, profesora de Economía en la Universidad de Vigo y experta en transportes por la Universidad de Leeds (Gran Bretaña), la ordenación territorial "siempre fue el patito feo" con el PP, y pone como ejemplo la AP-9, la autopista del Atlántico, la mejor y más utilizada infraestructura de Galicia, la joya de la corona que se malvendió a comienzos de los años 2000 y cuya concesión se aumentó 25 años.

"Todos los ciudadanos gallegos pagaremos hasta 2048 por utilizar la AP-9 y claro que me parece una mala herencia, nos han dejado un país hipotecado... con la autopista Santiago-Dozón con 75 años de concesión a una empresa privada después de que la Xunta pagase 60 millones de euros".

Por eso, se muestra orgullosa del cumplimiento de un compromiso, la eliminación del peaje entre Barcala- A Coruña y el de Rande, "algo siempre prometido por todos los políticos pero que nadie consiguió", aunque ahora "no analizamos más casos de liberación de peajes", que en muchos casos reclaman quienes dejaron "una herencia endiablada y se encargaron de vender nuestras infraestructuras".

Caride recuerda además el caso de la vía rápida del Salnés. Apenas 13 años después de su inauguración ha tenido que ser cortada por la Xunta para abordar obras de emergencia, y es un ejemplo "de una situación claramente irregular". O el saneamiento, ya que nada más asumir el Gobierno "nos encontramos una multa de la UE por la falta de depuración de la ría de Vigo".

Rías sin depurar

"Tenemos las rías gallegas sin depurar", cuando "todos sabemos que es una condición básica para seguir manteniendo el atractivo de nuestro país, porque una de nuestras mayores riquezas es el mar, ya sea para disfrutar de él o para obtener recursos económicos", añade.

Por ello considera fundamental la iniciativa de la Xunta para proteger de forma cautelar la franja costera de 500 metros, ya que actualmente "no tenemos ningún concello litoral con el Planeamiento adaptado a la legislación vigente", pese a que el plazo venció en enero de 2006, ya que la Ley del Suelo de 2002 tipificaba un periodo de tres años para adaptarse.

"Muchas de nuestras villas marineras, que han tenido un desarrollo pausado, en los últimos años han experimentado un boom del ladrillo espectacular, que puede tener graves repercusiones cuando ese crecimiento del hormigón no se produce de forma ordenada".

Preservar la costa

No cree sin embargo que los municipios costeros se puedan convertir en el Benidorm del Atlántico, ya que "con el anteproyecto de medidas urgentes lo que decimos es que hasta que sentemos las pautas y establezcamos dónde se debe construir y los ayuntamientos adapten sus planeamientos a la legislación vigente, se acabaron los nuevos desarrollos en la franja de los 500 metros".

Señala que la medida no debe ser vista con recelo ni por los concellos ni por los promotores, pues afecta a menos del 1 por ciento del suelo urbanizable de Galicia y a menos del 13 por ciento del suelo urbanizable de los municipios costeros.

"Lo que no era lógico era que alguien se compraba un piso de lujo en Madrid y le regalaban uno en la costa gallega que no reunía las condiciones de calidad, ni de saneamiento con fosas sépticas y sin garantizar espacios o servicios públicos para que la gente, a largo plazo, desee seguir viniendo a Galicia".

Se trata de una cuestión de desarrollo sostenible y ordenado. "No podemos permitir que porque hoy en día se desarrolle bien el sector de la construcción seamos depredadores y mañana no tengamos atractivo ni para el turismo ni para la vida en nuestras ciudades costeras".

No cree que se haya acelerado la aprobación de Planes por este anteproyecto de ley, ahora en trámite parlamentario, pero advierte que estos se "verán con cuidado". Asimismo, ofrece a los concellos la ayuda de la Xunta con subvenciones al planeamiento y el apoyo de técnicos del futuro Instituto de Estudios del Territorio y de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística".

La Agencia es un organismo consorciado con los concellos y que permitirá parar las irregularidades nada más detectarse, porque "este país ha vivido con la sensación del 'ti vai facendo' que aquí no se tira nada", pero el "todo vale" se acaba y lo ideal sería detectar una situación irregular antes de tener que tirar una casa.

Así recuerda que la Ley es igual para todos y por eso la Xunta a abierto un expediente informativo para investigar y determinar si se ha producido una situación irregular con la vivienda de la delegada de Costas en Pontevedra.

Demoliciones

Preguntada sobre la posibilidad de voladuras de las edificaciones ilegales señala que "hablar de demoliciones siempre son palabras mayores", aunque recuerda que "la Xunta tiene muchos expedientes de reposición de la legalidad que llevan aparejada la vuelta a la situación precedente".

Hay viviendas "en sitios emblemáticos de nuestra costa" y aunque reconoce que una demolición es traumática en muchos casos no se ha hecho de forma malintencionada sino por una mala información.

"Indudablemente el ciudadano puede contra una resolución de Política Territorial ejercer su derecho de acudir a los tribunales y si estos se pronuncian con una orden de derribo, pues hay que derribar".

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