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Infoecologia / EA.-
Ecologistas en Acción considera inaceptable la política portuaria
expresada en el Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte
puesto que presenta innumerables proyectos de puertos que ocuparían
extensiones de terrenos del litoral estatal, explican en un comunicado
remitido a Infoecologia.
Ecologistas en Acción afirma que la
política portuaria del Gobierno ha quedado en evidencia tras las
investigaciones abiertas por la Comisión Europea y el Defensor del Pueblo
Europeo en relación al proyecto de macropuerto industrial de Granadilla
en Canarias. Así pues, aplaude las medidas impulsadas desde el
Ministerio de Medio Ambiente, pero expresa su insatisfacción por
considerar absolutamente insuficiente el Plan Director de Sostenibilidad
de las Costas españolas, que nace sin el suficiente debate previo con las
organizaciones ecologistas.
Esta organización considera
imprescindible la denegación de autorizaciones a todos los nuevos
proyectos de infraestructuras portuarias, debido a las afecciones
irreversibles que provocarían en el litoral marino, especialmente los
proyectos previstos en Lugares de Interés Comunitario de la Red Natura
2000 de la UE.
Por ello, Ecologistas en Acción
reclama al Ministerio de Medio Ambiente la recuperación para su protección
de espacios militares para su protección que en la actualidad son de uso
exclusivo del Ministerio de Defensa, como es el caso de la Bahía de Gando
en Gran Canaria. Además de recuperar nuevos espacios, el
Ministerio de Medio Ambiente debería conservar espacios sobre los que se
ciernen amenazas en forma de proyectos que cambiarían de forma
irreversible lugares de alto valor ambiental para fines privados, que
carecen de Interés General y perdiendo la categoría de uso público de
la costas, agregan en el escrito remitido a Infoecologia.
El Plan Director de Sostenibilidad de
las Costas debería, según Ecologistas en Acción, primar las medidas de
protección y conservación de los espacios pertenecientes a la Red Natura
2000 del Estado, sobre todo teniendo en cuenta que las Comunidades Autónomas
continúan sin aplicar medidas efectivas de protección hacia estos
lugares por ausencia de recursos y voluntad política en destinar fondos
propios.
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