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Club de Debate de Fundación Entorno |
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Madrid, marzo de 2005 (www.infoecologia.com) |
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Si todas las autoridades públicas de la UE solicitaran electricidad limpia, se ahorraría el equivalente de 60 millones de toneladas de CO2, lo que supone el 18% del compromiso de reducción de gases de efecto invernadero dentro del Protocolo de Kyoto. Casi lo mismo podría ahorrarse si las autoridades públicas optaran por edificios sostenibles. Los datos, extraídos del informe sobre compra verde de la Comisión Europea, fueron presentados por la directora de la Fundación Entorno, Cristina García-Orcoyen, durante el 20º Club de Debate de la Fundación celebrado en Madrid. “La
implicación de los organismos públicos en la exigencia del
cumplimiento de criterios ambientales a sus empresas proveedoras y
contratistas se hace imprescindible si consideramos que las compras públicas
ascienden a 1.500 billones de euros al año, el 16% del PIB de la Unión
Europea o, lo que es lo mismo, el equivalente a la mitad del PIB de
Alemania, afirmó García-Orcoyen, quien añadió que “sólo en España,
las previsiones de gasto público en productos y servicios para 2005
apuntan a un 28% del PIB nacional”. En
España, los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, y cada vez más
empresas privadas, aplican valoración ambiental en sus ofertas de
contratación pública, valorando positivamente a todas aquellas
empresas que tengan implantados sistemas de gestión ambiental. “Sin
embargo, los datos no son muy optimistas, ya que en la UE sólo un 19%
de las administraciones realiza compras con criterios ambientales”, añadió. El
informe “Contratación con criterios medioambientales: Un manual sobre
los contratos públicos con criterios ambientales”, presentado
recientemente por la Comisión Europea, pretende ayudar a las
autoridades públicas a lanzar con éxito una política favorable al
medio ambiente. En este sentido, explica cuáles son las posibilidades y
soluciones que pueden utilizarse en los procedimientos de contratación
pública.
También
pretende servir de ayuda para que los proveedores y contratistas
–especialmente las empresas más pequeñas-, entiendan y respeten los
requisitos que se les impongan en la contratación con criterios
medioambientales. Un círculo sostenible Según
explicó la directora de la Fundación Entorno, eligiendo productos y
servicios respetuosos con el medio ambiente, la Administración puede
contribuir al desarrollo sostenible, ya que la compra “verde”
aumenta la demanda de productos más sostenibles, fomentan una producción
respetuosa con el medio ambiente y ayudan a las energías limpias a
conquistar el mercado. Al mismo tiempo, la “compra verde” permite
ahorrar energía y recursos, y reduce la producción de residuos, lo que
contribuye a una reducción de gastos públicos. Como
ejemplos, García-Orcoyen explicó que si todas las autoridades públicas
de la UE exigieran ordenadores de una mayor eficiencia energética, e
indujeran al mercado a avanzar en esa dirección, se ahorrarían
830.000 toneladas de CO2; si todas solicitaran electricidad limpia,
se ahorraría el equivalente de 60
millones de toneladas de CO2 (un 18% del compromiso de reducción de
gases de efecto invernadero dentro del Protocolo de Kyoto), y si todas
optaran por sistemas de ahorro de agua en los servicios de sus
edificios, reducirían el consumo de agua en 200 millones de toneladas (equivalente al 0,6% del consumo doméstico
total de la UE). En
este sentido, García-Orcoyen explicó que los contratos públicos con
criterios medioambientales pueden abarcar desde la compra de ordenadores
y edificios que se caractericen por su eficiencia energética, a muebles
de oficina hechos con maderas sostenibles desde el punto de vista
medioambiental, pasando por la utilización de papel reciclado, vehículos
eléctricos, transporte público, la disponibilidad de alimentos
procedentes de la agricultura ecológica en los comedores colectivos,
electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables,
sistemas de aire acondicionado que incorporen las soluciones
medioambientales más modernas, etc. Para
que Administración y empresas puedan llevar a la práctica los
criterios de compra verde existen una serie de herramientas que
facilitan su trabajo a la hora de elegir. Las eco-etiquetas, la distinción
de eficiencia energética de los productos y las distinciones en
productos forestales o agricultura ecológica, son algunos de los
instrumentos citados; los certificados ambientales (ISO 14001 y EMAS)
son también una forma de “discriminación positiva” hacia las
empresas con una mejor gestión ambiental a la hora de contratar
servicios. Principales
barreras De
esta forma, García-Orcoyen aludió durante su presentación a la
responsabilidad conjunta tanto por parte de la Administración, como de
la empresa y del ciudadano en el afianzamiento de las prácticas de
compra verde. “El consumidor no valora los esfuerzos ambientales de
las empresas, lo que se convierte en un factor limitante para la
implantación de políticas ambientales, reflejándose en el nulo
incremento de las ventas a la hora de incorporar características
ambientales a los productos o sistemas de gestión”, afirmó. “La
diversidad de productos y servicios y la diversidad de herramientas
(etiquetas, certificados…) despistan en ocasiones a la hora de medir
el impacto ambiental real del producto”, según la directora de
Fundación Entorno, quien aludió también como barrera para la compra
verde a la falta de formación en materia ambiental de los responsables
de compras de administración y empresas y la descentralización del
proceso de compra e, “ineludiblemente, al precio del producto”. Finalmente,
García-Orcoyen aprovechó para recordar las iniciativas emprendidas en
España por algunas administraciones, como los ayuntamientos de
Barcelona y Pamplona y de algunas empresas privadas que comienzan a
marcar criterios ambientales a sus proveedores. Durante
la jornada, en la que se presentó la “Guía paso a paso para la
implantación de SGMA” de la Fundación Biodiversidad, intervinieron
también en una mesa redonda sobre experiencias de éxito la presidenta
de la Comisión de Sostenibilidad, Servicios Urbanos y Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Barcelona,
Inma Mayol; el responsable del proyecto Procura+ en España a través de
Bakeaz, Efrén Feliz; el director de Tecnología y Medio Ambiente de
Gas Natural, Juan Puertas; el
director de Calidad y Medio Ambiente del Grupo
Ferrovial, Valentín Alfaya. La
ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, encargada de clausurar la jornada, expuso los Planes de
acción de la Administración Española a conocer los planes de acción
de la Administración en relación con los criterios ambientales de
evaluación para la adquisición de productos y servicios, con el propósito
de fomentar un sistema productivo más sostenible. |
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