XX Club de Debate de Fundación Entorno
La utilización de energía limpia por parte de la Administración ahorraría el equivalente a 60 millones de toneladas de CO2

Madrid,  marzo de 2005 (www.infoecologia.com)

Si todas las autoridades públicas de la UE solicitaran electricidad limpia, se ahorraría el equivalente de 60 millones de toneladas de CO2, lo que supone el 18% del compromiso de reducción de gases de efecto invernadero dentro del Protocolo de Kyoto. Casi lo mismo podría ahorrarse si las autoridades públicas optaran por edificios sostenibles. Los datos, extraídos del informe sobre compra verde de la Comisión Europea, fueron presentados por la directora de la Fundación Entorno, Cristina García-Orcoyen, durante el 20º Club de Debate de la Fundación celebrado  en Madrid.

 

“La implicación de los organismos públicos en la exigencia del cumplimiento de criterios ambientales a sus empresas proveedoras y contratistas se hace imprescindible si consideramos que las compras públicas ascienden a 1.500 billones de euros al año, el 16% del PIB de la Unión Europea o, lo que es lo mismo, el equivalente a la mitad del PIB de Alemania, afirmó García-Orcoyen, quien añadió que “sólo en España, las previsiones de gasto público en productos y servicios para 2005 apuntan a un 28% del PIB nacional”.

 

En España, los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, y cada vez más empresas privadas, aplican valoración ambiental en sus ofertas de contratación pública, valorando positivamente a todas aquellas empresas que tengan implantados sistemas de gestión ambiental. “Sin embargo, los datos no son muy optimistas, ya que en la UE sólo un 19% de las administraciones realiza compras con criterios ambientales”, añadió.

 

El informe “Contratación con criterios medioambientales: Un manual sobre los contratos públicos con criterios ambientales”, presentado recientemente por la Comisión Europea, pretende ayudar a las autoridades públicas a lanzar con éxito una política favorable al medio ambiente. En este sentido, explica cuáles son las posibilidades y soluciones que pueden utilizarse en los procedimientos de contratación pública.

 

También pretende servir de ayuda para que los proveedores y contratistas –especialmente las empresas más pequeñas-, entiendan y respeten los requisitos que se les impongan en la contratación con criterios medioambientales.

 

Un círculo sostenible

 

Según explicó la directora de la Fundación Entorno, eligiendo productos y servicios respetuosos con el medio ambiente, la Administración puede contribuir al desarrollo sostenible, ya que la compra “verde” aumenta la demanda de productos más sostenibles, fomentan una producción respetuosa con el medio ambiente y ayudan a las energías limpias a conquistar el mercado. Al mismo tiempo, la “compra verde” permite ahorrar energía y recursos, y reduce la producción de residuos, lo que contribuye a una reducción de gastos públicos.

 

Como ejemplos, García-Orcoyen explicó que si todas las autoridades públicas de la UE exigieran ordenadores de una mayor eficiencia energética, e indujeran al mercado a avanzar en esa dirección, se ahorrarían 830.000 toneladas de CO2; si todas solicitaran electricidad limpia, se ahorraría el equivalente de 60 millones de toneladas de CO2 (un 18% del compromiso de reducción de gases de efecto invernadero dentro del Protocolo de Kyoto), y si todas optaran por sistemas de ahorro de agua en los servicios de sus edificios, reducirían el consumo de agua en 200 millones de toneladas (equivalente al 0,6% del consumo doméstico total de la UE).

 

En este sentido, García-Orcoyen explicó que los contratos públicos con criterios medioambientales pueden abarcar desde la compra de ordenadores y edificios que se caractericen por su eficiencia energética, a muebles de oficina hechos con maderas sostenibles desde el punto de vista medioambiental, pasando por la utilización de papel reciclado, vehículos eléctricos, transporte público, la disponibilidad de alimentos procedentes de la agricultura ecológica en los comedores colectivos, electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables, sistemas de aire acondicionado que incorporen las soluciones medioambientales más modernas, etc.

 

Para que Administración y empresas puedan llevar a la práctica los criterios de compra verde existen una serie de herramientas que facilitan su trabajo a la hora de elegir. Las eco-etiquetas, la distinción de eficiencia energética de los productos y las distinciones en productos forestales o agricultura ecológica, son algunos de los instrumentos citados; los certificados ambientales (ISO 14001 y EMAS) son también una forma de “discriminación positiva” hacia las empresas con una mejor gestión ambiental a la hora de contratar servicios.

 

Principales barreras

 

De esta forma, García-Orcoyen aludió durante su presentación a la responsabilidad conjunta tanto por parte de la Administración, como de la empresa y del ciudadano en el afianzamiento de las prácticas de compra verde. “El consumidor no valora los esfuerzos ambientales de las empresas, lo que se convierte en un factor limitante para la implantación de políticas ambientales, reflejándose en el nulo incremento de las ventas a la hora de incorporar características ambientales a los productos o sistemas de gestión”, afirmó.

 

“La diversidad de productos y servicios y la diversidad de herramientas (etiquetas, certificados…) despistan en ocasiones a la hora de medir el impacto ambiental real del producto”, según la directora de Fundación Entorno, quien aludió también como barrera para la compra verde a la falta de formación en materia ambiental de los responsables de compras de administración y empresas y la descentralización del proceso de compra e, “ineludiblemente, al precio del producto”.

 

Finalmente, García-Orcoyen aprovechó para recordar las iniciativas emprendidas en España por algunas administraciones, como los ayuntamientos de Barcelona y Pamplona y de algunas empresas privadas que comienzan a marcar criterios ambientales a sus proveedores.

 

Durante la jornada, en la que se presentó la “Guía paso a paso para la implantación de SGMA” de la Fundación Biodiversidad, intervinieron también en una mesa redonda sobre experiencias de éxito la presidenta de la Comisión de Sostenibilidad, Servicios Urbanos y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona, Inma Mayol; el responsable del proyecto Procura+ en España a través de Bakeaz, Efrén Feliz; el director de Tecnología y Medio Ambiente de Gas Natural, Juan Puertas; el director de Calidad y Medio Ambiente del Grupo Ferrovial, Valentín Alfaya.

 

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, encargada de clausurar la jornada, expuso los Planes de acción de la Administración Española a conocer los planes de acción de la Administración en relación con los criterios ambientales de evaluación para la adquisición de productos y servicios, con el propósito de fomentar un sistema productivo más sostenible.
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